La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez Sebastián Argibay del expediente que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. El magistrado tenía a su cargo el análisis del pedido de detención impulsado por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, en el marco de una causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos.
La decisión del tribunal se apoyó en cuestionamientos sobre la imparcialidad de Argibay, a partir de un posible vínculo comercial con el entorno de Toviggino. Las sospechas apuntan a la venta de una finca que habría sido escriturada por debajo de su valor real, operación en la que estarían involucrados una hija del juez y un hermano del dirigente.
Desde la Cámara confirmaron que la recusación fue aceptada y que la determinación ya está firme, lo que obliga a redefinir el rumbo inmediato del expediente. Con este movimiento, la causa entra en una especie de pausa tensa, a la espera de un nuevo magistrado que retome el análisis de medidas clave.
La investigación busca esclarecer supuestas maniobras irregulares en el manejo de fondos de la AFA, que incluirían el uso de una red de empresas y bienes para canalizar operaciones bajo sospecha. En ese contexto, el fiscal Simón había solicitado las detenciones al considerar que los implicados podrían entorpecer el avance de la causa o intentar evadir a la Justicia.
El expediente, además, arrastra un conflicto de competencia entre tribunales federales, un laberinto procesal que agrega incertidumbre y demora definiciones centrales. Mientras tanto, la situación judicial de Tapia y Toviggino queda en suspenso, con una investigación que sigue su curso y suma capítulos en un escenario cada vez más complejo.
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