Crece el rechazo al uso de la línea eléctrica para Vicuña: más actores piden frenar la medida del ENRE
A la oposición de San Juan se sumaron La Rioja, municipios y grandes mineras. El organismo nacional convocará a una audiencia pública para debatir el acceso a la infraestructura clave.
La decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de otorgar prioridad de uso de una línea eléctrica al proyecto minero Vicuña sumó nuevas resistencias y abrió un escenario de fuerte debate. Ante los planteos presentados, el organismo nacional resolvió convocar a una audiencia pública para discutir la medida.
A la ya conocida oposición del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan, se agregaron presentaciones formales de la provincia de La Rioja, los municipios de Iglesia y Jáchal, y empresas mineras de peso internacional como Los Azules, Hualilán y Casposo.
El eje del conflicto radica en una resolución emitida a mediados de febrero, mediante la cual el ENRE otorgó a Vicuña prioridad de acceso sobre el 90% de la capacidad remanente de la línea de alta tensión Nueva San Juan–Rodeo. La empresa solicitó ese beneficio para abastecer de energía a sus proyectos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en el norte sanjuanino.
El punto más cuestionado es el carácter casi exclusivo de ese acceso, teniendo en cuenta que la línea fue construida con financiamiento público compartido entre Nación y la provincia, con una inversión cercana a los 100 millones de dólares.
Desde La Rioja, la Secretaría de Energía planteó una “oposición fundada” al considerar que la obra forma parte de un esquema de interconexión regional más amplio, financiado por todas las provincias a través del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Nacional. En ese sentido, advirtieron que no corresponde otorgar un uso exclusivo sobre una infraestructura de carácter federal.
Además, solicitaron que la empresa asuma los costos de las obras necesarias para garantizar futuras conexiones, evitando así afectar la planificación energética regional.
A nivel local, los intendentes de Jáchal, Matías Espejo, y de Iglesia, Jorge Espejo, también formalizaron sus objeciones. En particular, desde Iglesia alertaron que asignar el 90% de la capacidad a un solo proyecto podría limitar el desarrollo de otros emprendimientos productivos y mineros en la zona.
Las críticas también llegaron desde el sector privado. La minera Hualilán advirtió que la medida podría comprometer su acceso futuro a energía, clave para el avance de su proyecto. En la misma línea, Casposo sostuvo que ya cuenta con reservas de capacidad sobre esa línea, incluso financiadas parcialmente por la propia empresa, por lo que consideró improcedente otorgar prioridad a un tercero sin garantizar nuevas ampliaciones.
Por su parte, Los Azules también presentó objeciones, en un contexto en el que la compañía viene planteando la necesidad de reglas claras y desarrollo integral para el sector minero.
En paralelo, Vicuña propuso financiar obras para ampliar la capacidad del sistema, incluyendo el salto de la línea de 132 kV a 500 kV y nuevas estaciones transformadoras. Sin embargo, esto no logró disipar las críticas sobre el esquema de prioridad planteado.
Con el expediente ya abierto a consulta pública, el ENRE otorgó un plazo de 10 días hábiles para nuevas presentaciones. Luego de ese período, se definirá la fecha de la audiencia pública, donde todos los actores involucrados podrán exponer sus argumentos en un debate que será clave para el futuro energético y minero de la región.
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