La defensora General, Mónica Sefair, atraviesa un momento de definición respecto a su futuro en el Poder Judicial. Si bien inició el trámite jubilatorio para acceder al 82 por ciento móvil y el beneficio está próximo a concretarse, analiza la posibilidad de continuar en su cargo, según indicaron fuentes judiciales.
Sefair había presentado en noviembre de 2024 una renuncia condicionada, la cual fue aceptada por la Cámara de Diputados, supeditada a la obtención del beneficio previsional por parte de la ANSES. Sin embargo, su salida no es automática: una vez notificada, contará con un plazo de 180 días para formalizar su dimisión ante la Corte de Justicia. En caso de no hacerlo dentro de ese período, el trámite se cae y puede seguir en funciones, con la posibilidad de reactivarlo más adelante.
La decisión no es menor. El cargo de defensora General es el único dentro del Ministerio Público de la Defensa que presenta diferencias tanto funcionales como salariales respecto del resto de los magistrados, lo que lo convierte en una posición altamente valorada.
Además, su eventual retiro abriría un proceso de sucesión particular: el reemplazante sería designado por el fiscal General, Guillermo Baigorrí, tal como lo establece la normativa vigente. Esta situación responde a una estructura institucional heredada de la Constitución de 1986, que integró bajo un mismo órgano a fiscales y defensores, pese a sus funciones contrapuestas.
En el sistema penal, la Defensa Oficial representa a los imputados, mientras que el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo la acusación. Por eso, la designación del jefe de los defensores por parte del titular de Fiscalía siempre ha sido un punto sensible dentro del esquema judicial.
Si Sefair opta por continuar, ese proceso quedará sin efecto. De acuerdo con las fuentes, la funcionaria evalúa su decisión por motivos personales que no trascendieron, en un contexto en el que mantiene una buena relación con Baigorrí, quien asumió el 19 de noviembre y viene impulsando cambios en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
En caso contrario, el fiscal General deberá involucrarse en la estructura de la Defensa Pública para definir a su sucesor o sucesora, en medio de un escenario institucional que todavía refleja tensiones de diseño.
Sefair cuenta con una extensa trayectoria de 39 años en el Poder Judicial. Ingresó en 1992 y desarrolló una carrera ascendente que incluyó roles administrativos y técnicos hasta convertirse en abogada. En 2012 asumió funciones en la Defensoría Penal N°2 y en la Segunda Circunscripción con sede en Jáchal. Luego, en 2017, fue designada coordinadora de los defensores en el sistema de Flagrancia.
Su designación como defensora General se dio durante la gestión de Eduardo Quattropani, en el marco de una reforma que otorgó autonomía funcional a la Defensa Oficial, sin modificar la Constitución. Esa normativa también estableció una equiparación salarial con el cargo de fiscal de Cámara.
Un dato relevante es que, en caso de jubilarse, su haber previsional será calculado en base al cargo de defensor de primera instancia, ya que la figura de defensora General no figura en el nomenclador de la ANSES.
Mientras se aguarda la confirmación oficial del otorgamiento del beneficio, persisten versiones cruzadas sobre si la notificación ya fue emitida o si es inminente. En cualquier caso, el plazo para definir su futuro comenzará a correr una vez que esa comunicación se concrete.
La definición de Sefair tendrá impacto directo en la conducción de la Defensa Pública, un ámbito clave que interviene no solo en materia penal, sino también en los fueros Civil y de Familia, donde se abordan casos de alta sensibilidad social.
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