Reforma laboral: el Senado recortó 48% el impacto fiscal del proyecto
Tras las modificaciones en la Cámara alta, el costo directo anual baja a 0,47% del PBI, con menor carga para Nación y provincias.
La reforma laboral aprobada por el Senado de la Nación Argentina tendrá un costo fiscal directo inicial anual estimado en 0,47 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), prácticamente la mitad del impacto previsto en el texto original enviado al Congreso.
El nuevo cálculo surge tras las modificaciones introducidas en la Cámara alta, que reconfiguraron aspectos centrales de la iniciativa. Entre los cambios más relevantes se encuentran ajustes en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas y la eliminación de impuestos internos contemplados en la versión inicial.
Según el análisis técnico que acompañó el debate legislativo, el proyecto original contemplaba un costo fiscal directo inicial anual de 0,89 puntos del PBI. De ese total, 0,71 puntos correspondían al Estado nacional y 0,19 puntos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con las modificaciones aprobadas por el Senado, el impacto estimado desciende a 0,47 puntos del PBI. En este nuevo escenario, 0,41 puntos serán absorbidos por la Nación, mientras que apenas 0,06 puntos recaerán sobre las provincias y la Ciudad.
En términos porcentuales, la reducción del costo fiscal directo inicial anual total alcanza el 48% respecto del texto original. A su vez, el esfuerzo fiscal del Gobierno nacional se reduce un 42%, mientras que el de las provincias y la Ciudad cae un 69%.
No obstante, especialistas advierten que se trata de un “costo fiscal directo inicial anual”, ya que la baja de alícuotas podría incentivar una mayor formalización laboral. De concretarse ese escenario, se ampliaría la base imponible y parte de la pérdida recaudatoria podría compensarse en el mediano plazo.
El foco del debate ahora se traslada al impacto real que tendrá la reforma en la dinámica del empleo formal y en la recaudación futura, en un contexto económico donde cada décima del PBI resulta determinante para la sostenibilidad de las cuentas públicas.
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