Reforma de la Ley de Glaciares: el Senado debate cambios que impactan de lleno en la minería sanjuanina

El proyecto del oficialismo redefine el alcance del ambiente periglacial y otorga mayor participación a las provincias en las evaluaciones técnicas. La votación aparece ajustada y con el bloque sanjuanino dividido.

El Senado de la Nación Argentina inicia este jueves 26 de febrero el tratamiento de una reforma clave a la Ley 26.639, norma que fija los presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, podría modificar el escenario jurídico de grandes proyectos mineros en la cordillera, especialmente en San Juan.

El eje del proyecto es la redeterminación del concepto de ambiente periglacial. En la actualidad, la ley prohíbe actividades industriales cuando una geoforma está incluida en el Inventario Nacional de Glaciares. La propuesta oficial plantea que las provincias, en su carácter de dueñas originarias de los recursos naturales, puedan realizar estudios técnicos propios para definir si una formación cumple o no una función estratégica como reserva hídrica.

Mayor autonomía provincial

De aprobarse la reforma, si un equipo técnico provincial concluye que un área no resulta vital para la recarga de cuencas, podría habilitarse la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos productivos.

Uno de los puntos más debatidos establece que, si el organismo nacional encargado del inventario —el IANIGLA— demora en validar la exclusión de una zona del registro, esa situación no afectará la validez de la autorización provincial.

Para el Gobierno de Marcelo Orrego y la Cámara Minera de San Juan, el cambio representa una herramienta de seguridad jurídica. En ese sector sostienen que la modificación brindaría previsibilidad a proyectos de cobre y oro de gran escala que buscan encuadrarse en el régimen Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Reparos ambientales y sectoriales

El respaldo, sin embargo, no es unánime. Sectores de la industria vitivinícola y ámbitos académicos han manifestado preocupación por el posible impacto en la disponibilidad de agua dulce a largo plazo. Organizaciones ambientalistas advierten que descentralizar los controles podría debilitar la protección de glaciares de roca, considerados claves en contextos de sequía prolongada.

Votación ajustada

En el plano político, el poroteo anticipa un escenario de paridad. El bloque sanjuanino aparece dividido: el oficialista Bruno Olivera y el peronista Sergio Uñac acompañarían la iniciativa, mientras que la senadora Celeste Giménez ya expresó su rechazo.

El desenlace dependerá en gran medida de la postura de bloques aliados como la UCR y el PRO, donde las tensiones internas reflejan las presiones de gobernadores de provincias cordilleranas.

La decisión que adopte el Senado no solo redefinirá el alcance de la protección ambiental, sino que también marcará el rumbo de la minería argentina en los próximos años, con San Juan en el centro del debate.

Op: Juan Llarena

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