La decisión del Gobierno de San Juan de aplicar una herramienta contemplada en la reforma laboral para limitar el impacto del paro docente de 48 horas no solo generó sorpresa entre los gremios, sino que también tuvo una lectura política en el escenario provincial.
La gestión encabezada por el gobernador Marcelo Orrego recurrió a una normativa que establece que, en servicios considerados esenciales como la educación, debe garantizarse un nivel mínimo de prestación durante una huelga. En este caso, la medida fija que las escuelas deben asegurar la presencia de al menos el 75% del personal, una decisión que derivó en la desactivación del paro convocado por los sindicatos docentes y dejó un antecedente en medio de la negociación salarial.
La estrategia del Ejecutivo también generó repercusiones en el plano político, ya que la herramienta utilizada forma parte de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, lo que abrió interpretaciones sobre un acercamiento discursivo hacia un sector del electorado libertario que suele mostrarse crítico de los paros en el ámbito educativo y del rol de los sindicatos.
Dentro del oficialismo provincial reconocen que existe un segmento de votantes que oscila entre el espacio del gobernador y La Libertad Avanza, especialmente entre quienes mantienen una postura crítica hacia el kirchnerismo y el sindicalismo. En paralelo, la negociación salarial con los gremios continúa abierta.
Los sindicatos UDAP, UDA y AMET reclaman una actualización del salario docente, mientras que el Ejecutivo sostiene que las propuestas presentadas hasta el momento se ubican por encima de la inflación. El Gobierno convocó el dialogo en una nueva reunión para el próximo jueves 12 de marzo a las 14hs, la mencionada estará encabezada por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quienes representan al Gobierno en las reuniones paritarias.
Desde el oficialismo también señalan que las negociaciones se desarrollan en un contexto de dificultades económicas, marcado por una caída real en los ingresos provinciales durante los primeros meses del año. En ese escenario, la decisión de aplicar la normativa laboral permitió al Ejecutivo fijar una posición firme frente al conflicto docente, al mismo tiempo que abrió un nuevo capítulo en el debate político sobre la relación entre el gobierno provincial y el espacio libertario de cara a los próximos desafíos electorales.
Los comentarios están cerrados.