La investigación que involucra al intendente de Angaco, José Castro, y a tres concejales de su gestión continuará en el ámbito penal. Así lo resolvió la jueza de Impugnación Ana Lía Larrea, quien rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó la competencia de ese fuero para seguir adelante con la causa.
Los planteos de los abogados buscaban trasladar el expediente al fuero Contencioso Administrativo, pero la magistrada desestimó ese pedido y ratificó lo resuelto en la instancia previa. De este modo, el proceso seguirá bajo la órbita del juez Gerardo Fernández Caussi.
La causa apunta contra Castro y los concejales Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes, quienes son investigados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Según la acusación, el eje del caso es un acuerdo impulsado por el intendente y aprobado por el Concejo Deliberante para pagar una suma millonaria en concepto de resarcimiento por un hecho vinculado a una causa por malversación de fondos de 2019. Para la fiscalía, esta decisión habría tenido como objetivo evitar un juicio en contra del propio jefe comunal.
El expediente es impulsado por el fiscal Francisco Nicolía y fue sostenido en la audiencia de impugnación por la fiscal Marcela Torres. Desde el Ministerio Público consideran que los hechos podrían encuadrarse también en delitos como negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado.
En paralelo, el conflicto sumó un nuevo frente judicial. Desde la actual gestión municipal, a través del secretario de Planificación Walter Funes, se presentó una denuncia penal contra exfuncionarios de la administración anterior, encabezada por el exintendente Carlos Maza Pezé.
La presentación busca determinar si el accionar del excapataz Facundo Nievas —condenado por peculado— contó con el aval o conocimiento de sus superiores. En ese marco, se solicita investigar posibles delitos como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y encubrimiento agravado.
Con este escenario de denuncias cruzadas, la disputa política y judicial en Angaco se intensifica y abre la puerta a una eventual ampliación de las investigaciones en curso.
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