La Justicia elevó la multa a la UTA y podría cobrarle $5 millones por cada día de paro

La Justicia de San Juan endureció su postura frente al conflicto entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y los empresarios del transporte público. El juez Héctor Rollán resolvió mantener vigente la medida cautelar que ordena suspender las medidas de fuerza y advirtió que, ante un nuevo incumplimiento, la multa contra el sindicato ascenderá a 5 millones de pesos por cada día de paro.

La decisión se conoció luego de que Fiscalía de Estado, encabezada por Sebastián Dávila, acudiera nuevamente al magistrado para advertir sobre la posibilidad de nuevas protestas gremiales y solicitar un incremento de la sanción económica. El planteo se produjo después de que la UTA denunciara que las empresas mantienen deudas salariales y no descartara retomar las medidas de fuerza.

En su resolución, Rollán recordó que la cautelar dictada durante octubre continúa plenamente vigente. Además, estableció que cualquier reincidencia en la interrupción del servicio activará automáticamente la nueva multa diaria, que hasta ahora estaba fijada en un millón de pesos.

Como parte de las actuaciones judiciales, el magistrado también fijó una audiencia de conciliación para el próximo 24 de noviembre, a las 9. Fueron convocados representantes de la UTA, de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) y de Fiscalía de Estado, con el objetivo de abordar el conflicto que enfrenta a los trabajadores con las empresas.

El antecedente inmediato se remonta a los primeros días de octubre, cuando el gremio realizó tres jornadas de paro, entre el 7 y el 9, en reclamo por diferencias salariales que los empresarios no habían abonado. En ese contexto, Fiscalía de Estado presentó una acción de amparo para impedir nuevas interrupciones del transporte público.

El 8 de octubre, el juez Rollán hizo lugar al pedido y ordenó frenar las medidas de fuerza. Sin embargo, la UTA continuó con el paro durante varias horas después de recibir la notificación judicial y recién levantó la protesta a las 18, mientras se desarrollaban negociaciones en la Subsecretaría de Trabajo. Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo.

Al fundamentar la cautelar original, el magistrado sostuvo que el derecho a huelga debe compatibilizarse con otras garantías constitucionales, como la circulación, el trabajo, la educación y el acceso a la salud. También remarcó que la interrupción total del transporte perjudica especialmente a las personas de menores recursos, que dependen de los colectivos para cumplir con sus actividades cotidianas.

Ahora, el conflicto vuelve a generar preocupación por una nueva deuda salarial que, según denuncia el sindicato, comprende los meses de mayo, junio, julio y agosto. Mientras la UTA permanece en estado de alerta y mantiene abierta la posibilidad de nuevas protestas, la advertencia judicial establece un nuevo límite económico para cualquier futura medida de fuerza.