El IPV revocó ocho adjudicaciones de viviendas sociales y analiza más de 400 denuncias

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan dispuso la revocación de ocho adjudicaciones habitacionales tras detectar presuntas irregularidades en el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a una casa social. Las decisiones quedaron formalizadas a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y se enmarcan en una política de control y recuperación de inmuebles otorgados por el Estado.

Las propiedades alcanzadas por las disposiciones se encuentran en diferentes puntos de la provincia. Entre ellas figuran viviendas del Conjunto 1 de Albardón, el Área III, Sector I de Caucete y los barrios Ceramista II, SUTIAGYF, Amecom 4, Virgen del Socorro, Lozano y 7 de Septiembre IV.

La intervención del organismo no se limita a estos ocho casos. Actualmente, el IPV tiene bajo análisis más de 400 denuncias por posibles irregularidades en viviendas adjudicadas, mientras que cerca de 90 expedientes ya cuentan con una resolución de revocación en primera instancia.

El relevamiento apunta principalmente a identificar casas que permanecen desocupadas, fueron alquiladas, vendidas o cedidas a terceros sin autorización, además de otras situaciones que contradicen las obligaciones asumidas por los titulares al recibir el beneficio habitacional.

Entre los motivos que pueden provocar la pérdida de una adjudicación también se encuentran el abandono del inmueble, la falta de residencia efectiva, la acumulación de al menos tres cuotas consecutivas impagas y la utilización de la propiedad para actividades no contempladas en las condiciones de entrega. La presentación de documentación o información falsa también puede derivar en la cancelación del beneficio.

El procedimiento se encuentra contemplado en la Ley Provincial 196-A. Antes de avanzar con una revocación, el IPV debe revisar los antecedentes del caso, verificar el estado de las obligaciones económicas y realizar inspecciones domiciliarias mediante sus equipos técnicos y sociales.

Una vez comunicada la resolución, el adjudicatario cuenta con 10 días hábiles para presentar un descargo o recurrir la decisión. Por lo tanto, la publicación de estas medidas no implica que las viviendas hayan regresado automáticamente a manos del Estado, ya que todavía deben cumplirse las instancias administrativas correspondientes.

En paralelo, el organismo enfrenta un escenario de dificultades en el cobro de las cuotas habitacionales. Según los datos informados, la morosidad ronda el 60%, un indicador que se suma a las situaciones detectadas por falta de ocupación o utilización irregular de los inmuebles.

El propósito del proceso es recuperar aquellas viviendas que no estén cumpliendo con su función social y volver a incorporarlas al circuito de adjudicación. Una vez que el IPV recupere efectivamente la posesión, cada propiedad será inspeccionada para determinar si necesita reparaciones antes de quedar disponible para nuevos beneficiarios mediante sorteos públicos.