Desde hace aproximadamente una semana, los médicos anestesiólogos decidieron suspender el sistema de “crédito” en la Clínica Santa Clara, lo que obliga a los jubilados afiliados a PAMI a pagar de su bolsillo las prácticas de anestesia y luego solicitar el reintegro correspondiente. La medida no alcanza a las urgencias, que continúan siendo atendidas cuando existe riesgo para la vida del paciente.
La decisión responde a un conflicto que se arrastra desde hace algunos meses por la falta de pago de prestaciones realizadas por los profesionales o por descuentos aplicados en las facturaciones. Según fuentes del sector, la deuda acumulada oscilaría entre los 30 y los 38 millones de pesos.
En este contexto, las miradas apuntan a la cadena de pagos del sistema. PAMI transfiere los fondos a la empresa BASA, que administra la clínica Santa Clara, y esta a su vez debe girarlos a la Asociación Sanjuanina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASSAR), entidad que nuclea a los especialistas.
Pese a la tensión, distintas fuentes señalaron que el conflicto estaría encaminado hacia una solución y que podría resolverse entre hoy y mañana, a partir de una propuesta de pago presentada a los anestesiólogos. Mientras tanto, el servicio no se encuentra suspendido, aunque la exigencia de pago previo genera dificultades para muchos jubilados y sus familias.
Una de las explicaciones sobre el origen del problema apunta a la falta de pago de un conjunto de prácticas ya realizadas por los anestesiólogos. En ese marco, algunos actores del sector ponen el foco en BASA, que mantiene el contrato con la asociación médica, más allá de las eventuales complicaciones administrativas que pudiera tener PAMI con la empresa gerenciadora. Entre las causas mencionadas figuran inconvenientes en la facturación.
Otra versión indica que el conflicto se relaciona con auditorías estrictas realizadas por la obra social sobre las facturas enviadas por los profesionales a través de BASA. Cuando se detectan errores o faltantes en la documentación, se aplican débitos que pueden refacturarse o cobrarse en el futuro, o bien derivar directamente en el no pago de la práctica anestesiológica.
También hay fuentes que sostienen que algunos de esos débitos habrían sido aplicados de manera unilateral por BASA, pese a que el convenio establece que, ante controversias, debe realizarse una auditoría compartida entre las partes para determinar si corresponden o no los descuentos.
La situación afecta a un grupo reducido de profesionales —alrededor de seis anestesiólogos— que aseguran no haber cobrado parte de las prestaciones que realizaron. Frente a ese escenario, decidieron suspender el crédito como medida de presión.
Aun así, desde ambos sectores destacaron que el diálogo continúa y que los médicos han mantenido la atención de urgencias, tal como se habían comprometido, mientras avanzan las negociaciones para concretar un pago que permita destrabar el conflicto.
Los comentarios están cerrados.