Salud ejecutó por primera vez una deuda de $800 millones a obras sociales por prestaciones en hospitales públicos

En una medida sin antecedentes en la provincia, el Ministerio de Salud decidió avanzar por la vía judicial para reclamar deudas que mantienen distintas obras sociales por la atención de sus afiliados en hospitales públicos. Fuentes oficiales confirmaron que el monto ejecutado ronda los 800 millones de pesos y corresponde a prestaciones realizadas en diciembre de 2024.

La acción se concretó con la intervención de Fiscalía de Estado, en el marco de la normativa impulsada por el gobierno provincial que creó el Registro Provincial de Agentes de Servicios de Salud y estableció un nuevo mecanismo para el recupero de costos por prestaciones realizadas a pacientes con cobertura médica.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, confirmó que la ejecución de la deuda ya se encuentra en proceso y explicó que corresponde a facturaciones generadas a fines de 2024, cuando comenzó a aplicarse el nuevo nomenclador para las prestaciones realizadas en los hospitales públicos de la provincia.

Según detalló el funcionario, durante 2025 la atención de pacientes con obra social en hospitales públicos generó una facturación cercana a los 16.000 millones de pesos. De ese total, hasta el momento la provincia logró recuperar 2.200 millones, lo que representa aproximadamente el 13,75% del monto.

La nueva normativa habilita al Estado provincial a emitir certificados de deuda cuando se produce mora en los pagos por parte de las obras sociales. En esos casos, el expediente se remite a Fiscalía de Estado para avanzar con la ejecución judicial, lo que incluso podría derivar en embargos o bloqueo de cuentas bancarias de las entidades que no regularicen su situación.

Frente a ese escenario, desde el Ministerio de Salud indicaron que varias obras sociales comenzaron a acercarse para negociar planes de pago o firmar convenios que permitan cancelar las deudas pendientes.

El sistema de recupero de costos se aplica a todas las prestaciones realizadas a pacientes con cobertura médica en hospitales públicos del nivel central, como el Hospital Rawson, el Marcial Quiroga y otros centros sanitarios de la provincia.

Desde la cartera sanitaria explicaron que el objetivo del nuevo esquema es garantizar que las obras sociales abonen las prestaciones brindadas a sus afiliados en el sistema público, al tiempo que se busca descomprimir la demanda hospitalaria y priorizar la atención de personas que no cuentan con cobertura médica.

En ese sentido, el ministro Dobladez señaló que los costos de las prestaciones en hospitales públicos son, incluso, superiores a los del sector privado. Según explicó, los valores pueden reducirse si las obras sociales firman convenios con el Ministerio de Salud, aunque seguirán siendo más altos que los de una clínica privada.

De acuerdo con la ley vigente, el dinero recuperado se distribuye entre el sistema sanitario: el 75% se destina al centro de salud que realizó la prestación y el 25% restante queda para el Ministerio de Salud.