Causa Acueducto: la defensa de Andino apuntó contra Gioja y cuestionó el avance de la investigación

La causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó nuevos cuestionamientos desde la defensa de uno de los principales involucrados. Guillermo Toranzo, abogado del diputado nacional Cristian Andino, sostuvo que el exgobernador José Luis Gioja debería haber sido incluido en la investigación y puso en duda los criterios utilizados para determinar quiénes fueron alcanzados por la acusación.

Las declaraciones del letrado se conocieron luego de las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre, en las que el Ministerio Público Fiscal presentó los hechos y los delitos que atribuye a diez personas investigadas, entre ellas Andino, quien estuvo al frente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) durante la gestión de Gioja.

En una entrevista con Estación Claridad, Toranzo señaló que no comprende por qué algunas personas fueron incorporadas al expediente y otras quedaron afuera. En ese contexto, consideró que el exmandatario provincial también tendría que haber sido convocado, teniendo en cuenta que ocupaba la Gobernación durante el período en el que Andino presidió el organismo.

El defensor también mencionó al actual titular de OSSE, José Luis Beltrán, como otra figura que, desde su perspectiva, debería haber sido considerada en la investigación. Argumentó que Beltrán firmó documentación vinculada al expediente que también habría llevado la firma de su defendido.

Aunque reconoció que las defensas pueden solicitar que se investigue a otras personas, evitó confirmar si avanzará con un planteo formal. Según explicó, primero necesita acceder a toda la documentación incorporada a la causa.

Críticas a la acusación fiscal

Toranzo también cuestionó la presentación del Ministerio Público Fiscal contra Andino, a quien se le atribuyen los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Para el abogado, la exposición de la Fiscalía no habría desarrollado con suficiente precisión las circunstancias de los hechos, ni las responsabilidades individuales que se pretenden atribuir. En esa línea, calificó la acusación como débil y sostuvo que su defendido no tuvo responsabilidad en las irregularidades investigadas.

De todos modos, admitió que Andino participó en la elaboración de los pliegos para la contratación de las cañerías, aunque remarcó que esa intervención no implica, a su entender, que haya cometido algún delito.

La defensa cuestiona el acceso a las pruebas

Otro de los puntos planteados por Toranzo estuvo relacionado con las pruebas presentadas por los fiscales. El letrado aseguró que todavía no había podido revisar la documentación mencionada durante las audiencias y manifestó especial preocupación por las pericias realizadas sobre las cañerías.

Según indicó, la defensa solicitó acceder a esos elementos y llevó el reclamo ante la jueza Mónica Lucero, pero hasta el momento no habría recibido la documentación requerida.

Por ese motivo, anticipó que podría cuestionar la validez de algunas de las pruebas ofrecidas por la acusación, especialmente aquellas cuyos procedimientos, según sostuvo, no pudieron ser controlados por las partes.

Mientras continúa el proceso, la audiencia de formalización permanece sin resolución debido a un planteo de nulidad vinculado al trámite de una recusación contra la magistrada. Lucero deberá expedirse sobre esa cuestión el martes 17 de noviembre, a las 14.30.

Hasta entonces, la defensa de Andino mantiene sus cuestionamientos tanto sobre el alcance de la investigación como sobre los elementos presentados por la Fiscalía, y dejó abierta la posibilidad de solicitar que otras personas sean incorporadas al expediente.