Caso Global Market: El juez decide si la millonaria estafa a ahorristas pasa a la Justicia Federal

Este martes a las 18:00, el juez de Garantías Javier Figuerola definirá un paso clave en la causa que sacude al ambiente financiero local: si la investigación contra los directivos de Global Market continúa en el fuero provincial o se traslada a la Justicia Federal.

La hipótesis del fiscal Nicolás Alvo (UFI Delitos Informáticos y Estafas) es que el caso debe ser unificado bajo la órbita federal, ya que los fondos en juego estaban sujetos a regulaciones nacionales y la empresa operaba como agente de negociación bajo la tutela de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El caso estalló tras la denuncia de al menos 45 ahorristas e inversores particulares e institucionales. Según la investigación, los dueños de la firma, Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas, habrían diseñado un entramado para desviar unos $4.000 millones hacia empresas vinculadas a su propio entorno familiar, utilizando maniobras de altísimo riesgo que terminaron en pérdidas totales.

El engaño de los “Pases No Garantizados”

De acuerdo con las pruebas del Ministerio Público, los damnificados tenían un perfil de inversor “conservador”. Buscaban herramientas de bajo riesgo —similares a un plazo fijo— donde primara la seguridad del capital. Sin embargo, violando las normativas de la CNV, los imputados habrían canalizado ese dinero hacia GMI Inversiones SA, una empresa minera de su propiedad que carecía de activos productivos y cuya actividad estaba completamente paralizada desde fines de 2024.

Para lograrlo, aplicaron un mecanismo bursátil conocido como Pase No Garantizado (PNG):

• La minera GMI le vendía a un cliente un título de baja liquidez (imposible de vender en el mercado abierto) con la promesa de recomprárselo en un plazo corto (por ejemplo, siete días).

• Al vencimiento, en lugar de devolver el dinero, los acusados renovaban el pase de forma unilateral.

• Para convencer a los ahorristas, utilizaban un “ardid”: invocaban falsas auditorías de la CNV y correos electrónicos con terminología técnica compleja para inducir al engaño.

La burbuja explotó en marzo, cuando la constructora Armegón —el mayor inversor de la cartera, con un depósito de $2.000 millones— exigió el rescate total de sus fondos. GMI no pudo responder y la constructora quedó desprotegida, con títulos sin valor comercial y sin el respaldo de una entidad que garantizara la operación.

Bajo la lupa fiscal también quedó Rosario Valores SA, la firma que actuaba como Agente de Liquidación y Custodia, señalada por omitir los controles y permitir el flujo irregular de capitales hacia la minera.

Cheques “voladores” y contratos bajo engaño

La investigación penal expuso otras dos modalidades delictivas:

1. Financiamiento familiar: Se detectó la compra no autorizada de cheques electrónicos ($e-cheqs$) emitidos por Epychost SAS, una firma administrada por los hijos de Gustavo Ahumada (Gerardo y Franco Ahumada Yuste). Estos documentos fueron rechazados sistemáticamente al llegar a su vencimiento por falta de fondos.

2. Falsos mutuos: La captación de capitales también se realizaba mediante contratos de préstamo (mutuos) a tasas de interés de hasta el 50% anual. Los damnificados firmaban creyendo que operaban con “Global Market Inversiones” (debido al uso de las siglas GMI), cuando en realidad le prestaban dinero a la minera inhabilitada. Para profundizar la confusión, Ahumada firmaba como presidente de ambas firmas dentro de las mismas oficinas bursátiles autorizadas.

Cruces por los tiempos de la investigación

La gestión del caso no estuvo exenta de polémica. Marcelo Arancibia, abogado defensor de una decena de damnificados, criticó públicamente la supuesta falta de celeridad de las autoridades al no ordenar allanamientos inmediatos ni el congelamiento preventivo de cuentas bancarias.

Por su parte, el fiscal Alvo defendió el proceder del Ministerio Público explicando que la primera denuncia ingresó el 30 de marzo con escasa claridad técnica. El fiscal aclaró que, si bien el 4 de abril solicitaron embargos, el juez Figuerola los supeditó a los informes oficiales de la CNV. Una vez que el organismo nacional remitió toda la documentación, la Fiscalía solicitó la declaración de incompetencia provincial, requiriendo además la inhibición general de bienes de los involucrados, el embargo de cuentas y el congelamiento de activos vinculados a dos canteras propiedad de la minera: El Jote y La Valeria.