Demanda de Marcelo Lima contra Sergio Vallejos: el juez Walter Otiñano quedó al frente de la causa
Tras una serie de recusaciones cruzadas que apartaron a dos magistrados previos, el Octavo Juzgado Civil será el encargado de tramitar la demanda por 60 millones de pesos impulsada por el ministro de la Corte sanjuanina.
La disputa judicial entre el ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, y el empresario Sergio Vallejos sumó este viernes un nuevo capítulo determinante. Tras un sorteo realizado por la mañana, el expediente recayó en el Octavo Juzgado Civil, bajo la titularidad del juez Walter Otiñano.
La designación llega luego de un “ajedrez” procesal de recusaciones. Primero, Vallejos apartó al juez Luis Arancibia. Posteriormente, el caso pasó a manos de la jueza Adriana Tettamanti, quien fue recusada por el propio Lima. El argumento del ministro se basó en la vinculación de Tettamanti con la causa de “La Superiora”, tema central de los pedidos de juicio político que Vallejos impulsó contra Lima y que finalmente fueron desestimados por la Legislatura.
Los puntos clave del conflicto
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La pretensión económica: Lima reclama $60.000.000 en concepto de daños y perjuicios por la afectación a su “buen nombre y honor”.
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Inexactitud objetiva: Además del resarcimiento, el ministro busca una declaración judicial que confirme la falsedad de los hechos denunciados por el empresario.
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La postura de la defensa: Vallejos sostiene que la demanda es una “represalia” por su rol en la impugnación de la candidatura de Sergio Uñac en 2023.
¿Qué sigue ahora?
Con la llegada del expediente al despacho de Otiñano, se inicia una etapa estrictamente formal:
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Notificación y consentimiento: Las partes deben ser notificadas de la intervención del nuevo juez.
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Instancia de conciliación: Se citará a una audiencia inicial para intentar un acuerdo que evite el litigio pleno.
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Apertura a prueba: De no haber acuerdo, se procederá a la presentación y análisis de pruebas antes de dictar sentencia.
El rechazo unánime de los juicios políticos por parte de la Cámara de Diputados es el principal antecedente que fortalece la postura de Lima, quien considera que hubo un “uso abusivo” de las herramientas institucionales por parte del dirigente empresarial.
POR LIC. EUGENIA VILA
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