La situación que enfrenta el fiscal Iván Grassi, denunciado por el músico Luis Darío Endrizzi y su abogada Paola Miers, ha desatado una serie de acusaciones graves en torno a la investigación del crimen de Carlos Crespillo. Endrizzi, quien fue absuelto, sostiene que Grassi llevó a cabo un “allanamiento sin orden judicial” en la escuela de dos maestras que lo apoyaron durante el juicio. Además, se le acusa de haber mantenido a Endrizzi privado de su libertad durante seis horas tras su absolución.
La defensa ha señalado múltiples irregularidades en el proceso, incluyendo amenazas a testigos y manipulaciones en la recolección de pruebas, como un análisis de ADN que, según ellos, fue mal manejado. El tribunal, por su parte, no encontró evidencia de mala conducta por parte de la Fiscalía al liberar a Endrizzi. Miers ha calificado la situación como «gravísima» y ha solicitado sanciones para el fiscal.
Este caso refleja la complejidad y las tensiones que pueden surgir en investigaciones judiciales, especialmente en situaciones donde la libertad de un individuo está en juego. La defensa ha planteado preguntas serias sobre la conducta de las autoridades, lo que podría tener repercusiones importantes en el ámbito legal.
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