El Gobierno de San Juan confirmó que la nueva Ley de Transporte provincial entrará en vigencia a mediados de abril, una vez finalizado el proceso de reglamentación que actualmente se encuentra en su etapa final.
Así lo anunció el secretario de Transporte, Marcelo Molina, quien explicó que los equipos técnicos trabajan en los últimos detalles para poner en marcha una normativa que busca transformar de fondo el sistema de pasajeros en la provincia. En ese marco, indicó que aún continúan recibiendo aportes de distintos sectores para evitar confusiones y lograr una implementación ordenada.
Uno de los ejes principales de la reforma será la digitalización completa del sistema. Según detalló el funcionario, el registro de prestadores dejará de ser presencial y pasará a funcionar de manera totalmente online, eliminando el uso de documentación en papel.
Además, la ley habilitará una mayor cantidad de vehículos en circulación, lo que implicará una ampliación de la oferta de taxis y autos de alquiler. A su vez, el nuevo registro tendrá carácter público, permitiendo a los usuarios verificar desde sus dispositivos quiénes están habilitados para prestar el servicio.
La normativa también introduce un cambio estructural en el esquema de licencias. El objetivo es terminar con el modelo de alquiler de permisos que, según el Gobierno, generaba distorsiones en el sistema. En adelante, quienes quieran formar parte deberán aportar vehículos y asumir un rol activo, ya sea como choferes o como propietarios de unidades.
Desde la Secretaría de Transporte señalaron que la reforma busca reordenar prioridades dentro del sistema, colocando en primer lugar al usuario, luego a los trabajadores del sector y, finalmente, a los empresarios.
En paralelo, Molina defendió la implementación del boleto educativo gratuito a través de la tarjeta SUBE, que ya cuenta con más de 73.500 beneficiarios activos. Destacó que el trámite se realiza de manera digital, evitando gestiones presenciales y costos adicionales.
Por último, el funcionario respondió a las críticas de sectores de la Federación Universitaria de San Juan vinculados al PJ, que cuestionaron demoras en la acreditación del beneficio. Según explicó, los retrasos se debieron a la entrega tardía de los padrones por parte de la universidad, información necesaria para validar a los estudiantes.
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