El debate por la reforma de la Ley de Glaciares entra en una etapa decisiva esta semana en la Cámara de Diputados. El oficialismo convocó para este martes a las 14 horas un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, con el objetivo de emitir dictamen sobre la modificación de la normativa que rige desde 2010.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue invitado para respaldar los cambios técnicos propuestos, acompañando a mandatarios de otras provincias mineras dentro de la llamada “Mesa del Cobre” y del “Triángulo del Litio”. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y busca destrabar inversiones estratégicas que se encuentran frenadas por las restricciones actuales.
La intención del oficialismo, en particular del bloque de La Libertad Avanza, es llevar el proyecto al recinto de manera inmediata, en una sesión prevista para el miércoles. En San Juan, la reforma cuenta con el respaldo de los diputados provinciales Nancy Picón y Carlos Jaime, mientras que se sigue de cerca la postura de legisladores peronistas como Jorge Chica y Cristian Andino. En el Senado, la iniciativa recibió apoyo de exgobernador Sergio Uñac, aunque no de Celeste Gimenez.
La participación sanjuanina en el debate se sustenta en datos económicos contundentes: en el primer bimestre de 2026, la minería representó el 92,5% de las exportaciones de la provincia, totalizando USD 172 millones en febrero, un incremento interanual del 60,5%. El oro explica el 96,6% de las ventas externas mineras, con India y Suiza como principales destinos. Proyectos futuros de cobre, como Vicuña, Pachón y Los Azules, prometen aumentar aún más el peso estratégico de San Juan en el sector.
La reforma propone redefinir qué cuerpos de hielo se consideran glaciares y ambientes periglaciares, enfocando la protección estricta solo en aquellos con “aporte hídrico relevante y comprobable” a cuencas. Además, otorga mayor participación a las provincias para decidir qué áreas se incluyen en el Inventario Nacional de Glaciares, en línea con la Constitución que establece la propiedad provincial de los recursos naturales.
Aunque el oficialismo estima contar con 140 votos para la sanción, la oposición y sectores ambientalistas anticipan posibles judicializaciones, advirtiendo que los cambios podrían debilitar los presupuestos mínimos de protección nacional y constituir una “regresión ambiental”.
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