San Juan frena el aval eléctrico para Josemaría y exige que la minera pague los costos de red

La infraestructura eléctrica necesaria para abastecer al megaemprendimiento minero Josemaría generó un fuerte cruce de intereses en la última audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE). Si bien ninguna de las partes cuestionó el desarrollo de la mina ubicada en Iglesia, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan plantó una firme postura: presentó una oposición formal al otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la empresa peticionante, Vicuña Argentina S.A.

La exposición central estuvo a cargo de Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, quien aclaró de inmediato que la provincia no busca bloquear el proyecto productivo, sino exigir el cumplimiento de las normativas locales. El regulador argumentó que la red de transporte troncal existente fue construida a lo largo de los años con inversiones y aportes exclusivos de los usuarios e industrias sanjuaninas, por lo que constituye un activo estratégico que no debe verse comprometido.

Desde la óptica del EPRE, la irrupción de una demanda de la magnitud de Josemaría obliga a acelerar obras de ampliación —como la que actualmente se ejecuta con fondos provinciales en la Estación Transformadora Nueva San Juan— cuyos costos deben ser internalizados por la propia minera y no trasladados a las tarifas de los usuarios residenciales y comerciales de la provincia.

Las dos condiciones de la provincia y un frente de reclamos

Para levantar la oposición y otorgar la conformidad, el ente regulador sanjuanino supeditó el avance del proyecto al cumplimiento estricto de dos exigencias:

1. Financiamiento de obras: La firma de los acuerdos económicos previstos en la Ley Provincial 1181-A, mediante los cuales Vicuña Argentina debe aportar fondos para infraestructura eléctrica y obras de mitigación.

2. Acceso abierto y capacidad excedente: Garantizar que el nuevo corredor eléctrico proyectado (que contempla una línea de alta tensión de 167 kilómetros en 500 kV entre Rodeo y Chaparro) no sea de uso exclusivo de la empresa, sino que la capacidad remanente quede disponible para futuros emprendimientos mineros en la zona.

El planteo del EPRE no fue el único foco de tensión en la audiencia. Las distribuidoras locales y otras empresas mineras con derechos históricos en la región (como Barrick y Minas Argentinas) exigieron que se respeten sus reservas de potencia y que la nueva demanda no deteriore la calidad del servicio en el norte provincial. Asimismo, competidores del sector como Andes Corp. (Los Azules) y Hualilán impugnaron la solicitud de Vicuña, denunciando que la empresa pretende acaparar una reserva de potencia que duplica su necesidad real, bloqueando el acceso a otros operadores legítimos.

Por su parte, Adriel Rizzeto, representante de Vicuña Argentina, defendió la viabilidad del proyecto aclarando que la prioridad solicitada aplica únicamente sobre la “capacidad incremental” generada por las nuevas obras y que estas no le costarán nada al Estado. Tras escuchar a las partes, las autoridades abrieron un receso de 30 días para evaluar el expediente antes de emitir una resolución definitiva.

POR LIC. EUGENIA VILA