Gracias a un reporte internacional, condenaron a un sanjuanino por distribuir material de abuso sexual infantil

Un reporte emitido por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) —organismo internacional especializado en la detección de delitos vinculados a la explotación de niños, niñas y adolescentes— fue la pieza clave para iniciar una causa en San Juan que culminó con la condena de Gabriel Alexander Sánchez Díaz.

El imputado fue hallado culpable de distribuir representaciones de menores de 18 años involucrados en actividades sexuales explícitas, delito tipificado en el artículo 128 del Código Penal.

La sentencia fue homologada mediante un acuerdo de juicio abreviado por el juez Federico Rodríguez, quien declaró la responsabilidad penal de Sánchez Díaz e impuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Cooperación internacional y evidencia digital

La causa estuvo a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, bajo la dirección del fiscal Pablo Martín, junto al ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez.

Tras recibir la alerta proveniente del organismo internacional a través de los canales de cooperación en delitos cibernéticos, el Ministerio Público Fiscal coordinó diversas medidas de inteligencia digital. Estas tareas permitieron rastrear las conexiones, identificar al sospechoso y ejecutar órdenes judiciales de allanamiento para el secuestro de dispositivos electrónicos, recopilando el material probatorio fundamental para el caso.

Reglas de conducta y sanitización de dispositivos

Al tratarse de una pena de ejecución condicional, Sánchez Díaz no ingresará al Servicio Penitenciario, siempre que cumpla estrictamente durante tres años con las reglas impuestas por la Justicia:

• Fijación de domicilio: Deberá mantener una residencia informada y registrada ante las autoridades.

• Control judicial: Quedará bajo la supervisión del Patronato de Liberados.

• Abordaje terapéutico: Deberá realizar un tratamiento psicológico enfocado en el control de impulsos y el respeto a la integridad sexual.

Un eventual incumplimiento de estas pautas revocará el beneficio de la condicionalidad, ordenándose su encarcelamiento.

Por último, el magistrado ordenó la sanitización de los equipos electrónicos secuestrados previo a su devolución. Este proceso técnico consiste en el borrado seguro y definitivo de los archivos ilegales preservados durante las pericias, garantizando que el material no vuelva a estar disponible en los dispositivos.

POR LIC. EUGENIA VILA