San Juan analiza sanciones para padres de menores que cometan bullying

La problemática del bullying y sus nuevas expresiones en el entorno digital llegó a la agenda legislativa de San Juan. La Cámara de Diputados trabaja sobre cuatro proyectos que buscan establecer herramientas para prevenir y abordar situaciones de acoso escolar, con especial atención al ciberbullying y a la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial.

La diputada provincial Alejandra Leonardo confirmó que las propuestas se encuentran en tratamiento en la Comisión de Educación. Entre los planteos más relevantes aparece la posibilidad de incorporar un artículo al Código de Faltas para aplicar sanciones a los padres, madres o tutores de menores que ejerzan conductas de acoso.

La iniciativa es impulsada por Leonardo junto con los diputados Andrés Castro y Gabriel Sánchez, quien presentó una propuesta similar que amplía las herramientas de intervención cuando los conflictos no pueden resolverse dentro de las instituciones educativas.

La legisladora aclaró que el objetivo no es castigar a los estudiantes dentro de las escuelas. Por el contrario, los proyectos plantean un abordaje integral que incluya asistencia psicológica, acompañamiento psicopedagógico y participación de las familias, tanto de quienes sufren el hostigamiento como de quienes lo ejercen.

Uno de los puntos centrales es la implementación de un protocolo de actuación que deberá ponerse en marcha dentro de las 48 horas posteriores a la detección de un caso. La alerta podrá surgir de docentes, directivos, familiares, compañeros o de la propia víctima.

El procedimiento contempla una intervención interdisciplinaria y el seguimiento de todas las personas involucradas, bajo la premisa de que el acoso escolar requiere trabajar tanto con quien lo padece como con quien desarrolla esas conductas.

Otro aspecto que preocupa a los legisladores es el crecimiento de las agresiones digitales. En particular, Leonardo señaló la utilización de herramientas de inteligencia artificial para alterar imágenes y generar situaciones de hostigamiento, una modalidad que suma nuevos desafíos para las comunidades educativas.

Las iniciativas alcanzarían a todos los niveles y modalidades de enseñanza, tanto en establecimientos públicos como privados, e incluirían también al ámbito universitario. En caso de que los responsables del acoso sean menores de edad, la eventual sanción prevista en el Código de Faltas recaería sobre los adultos responsables de su crianza.

En cuanto al avance legislativo, el Ministerio de Educación ya tomó conocimiento de las propuestas y, según indicó Leonardo, manifestó una valoración favorable respecto de la creación de un protocolo común para intervenir ante estos episodios.

Los cuatro proyectos continúan en estudio en la Comisión de Educación y podrían obtener despacho en una próxima reunión. Luego deberán ser analizados por las comisiones de Justicia y Seguridad y de Legislación y Asuntos Constitucionales, antes de quedar en condiciones de llegar al recinto para su debate.

Por el momento, las sanciones a los adultos forman parte de una propuesta legislativa y todavía no tienen aprobación definitiva.