San Juan acelera el debate por el juicio por jurados y apunta a aplicarlo en 2026

La implementación del juicio por jurados volvió a ocupar un lugar central en la agenda institucional de San Juan. El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, aseguró que el Poder Judicial avanza en coordinación con el Ejecutivo y el Legislativo para que el sistema pueda ponerse en marcha hacia finales de 2026.

El magistrado explicó que, aunque la figura del juicio por jurados ya está prevista en el Código Procesal Penal provincial, su aplicación se encuentra suspendida y depende de la sanción de una ley reglamentaria que establezca los mecanismos concretos de funcionamiento. “Es una decisión tripartita que requiere consenso institucional y voluntad política”, remarcó.

Según detalló, el diálogo entre los tres poderes del Estado ya está en marcha y el objetivo es que antes de fin de año estén dadas las condiciones normativas y materiales para activar el sistema. La experiencia de otras once provincias argentinas que ya aplican esta modalidad sirve como referencia para el diseño local.

Infraestructura y etapas

Desde el punto de vista operativo, la Corte también trabaja en la adecuación edilicia. Olivares Yapur indicó que para fines de 2026 estará concluida la primera etapa del edificio 9 de Julio, lo que permitirá reorganizar dependencias judiciales y liberar las salas del edificio 25 de Mayo. Estas cuentan con la infraestructura necesaria para desarrollar juicios orales de mayor complejidad, como los que exige un tribunal con jurados populares.

En una primera fase, el juicio por jurados se aplicaría a los delitos más graves contemplados en el artículo 80 del Código Penal, es decir, homicidios agravados. De concretarse, estos casos dejarían de ser resueltos exclusivamente por jueces técnicos y pasarían a ser juzgados por un tribunal integrado por ciudadanos, modificando de manera sustancial el esquema tradicional de enjuiciamiento penal en la provincia.

Juicios laborales: sin “industria” en la provincia

En otro tramo de sus declaraciones, el titular del máximo tribunal descartó la existencia de una “industria del juicio laboral” en San Juan. Según los registros de la Corte, la mayoría de los conflictos laborales se resuelve en menos de 14 meses.

El funcionario destacó el rol de la mediación previa obligatoria, que permite cerrar numerosos casos en plazos que, en ocasiones, no superan los tres meses. Cuando esa instancia no prospera, el procedimiento judicial contempla audiencias orientadas a la conciliación antes de la etapa probatoria y la sentencia, lo que contribuye —según afirmó— a evitar la litigiosidad excesiva y a garantizar mayor celeridad.

De esta manera, mientras se proyecta un cambio estructural en materia penal con la posible llegada del juicio por jurados, la Corte también defiende el funcionamiento actual del fuero laboral, al que considera ágil y eficiente en términos comparativos.

Rivero. C