Retiros voluntarios en el INV: cerca del 25 % de la planta permanente en San Juan dejará el organismo

Cuatro de los 17 empleados habilitados decidieron acogerse al régimen impulsado por Nación, cuyo plazo cierra el 30 de noviembre. La salida de personal especializado y el inminente traslado de edificio generan alerta por la caída en los controles vitivinícolas.

La implementación del régimen de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) ya arroja un impacto directo en su delegación de San Juan. De los 17 agentes de planta permanente habilitados para acceder al programa, cuatro confirmaron su adhesión, lo que equivale a casi el 25 % de ese plantel. Si bien el plazo para tramitar la baja se extiende hasta el lunes 30 de noviembre, en la sede local estiman que difícilmente se registren nuevas incorporaciones.

El plan dispuesto por el Gobierno nacional alcanza exclusivamente a personal de planta permanente, ofrece indemnizaciones de hasta 24 sueldos y establece que, una vez aprobada cada desvinculación por las autoridades centrales, el cargo presupuestario queda eliminado. Pablo Ramella, jefe del Departamento Jurídico del INV en San Juan, precisó que el organismo cuenta hoy con 24 trabajadores en la provincia: 17 efectivos y 7 contratados, quedando estos últimos excluidos de la convocatoria.

El funcionario recordó además que la estructura local viene atravesando un achicamiento sostenido. Al inicio de la gestión del presidente Javier Milei, la delegación contaba con unos 30 empleados, pero sucesivas jubilaciones y la no renovación de contratos redujeron esa dotación. En este marco, el retiro de cuatro agentes consolidaría una nueva merma en la capacidad operativa.

Alerta por la baja de inspectores y menor fiscalización

Uno de los puntos más sensibles de esta reducción es su impacto directo en las tareas de control en campo, dado que entre quienes optaron por el retiro figura un agente del cuerpo de inspección externa. “De seis inspectores, saldrá uno y eso es bastante sensible, porque es el sector que concreta gran parte del trabajo”, advirtió Ramella, subrayando que la fiscalización demanda personal técnico capacitado y movilidad para auditar los establecimientos.

Según describió el directivo, las tareas de supervisión ya arrastran limitaciones operativas: actualmente el foco está puesto en el vino envasado y comercializado, mientras que se discontinuaron los inventarios en bodegas y disminuyeron las verificaciones sobre los movimientos vínicos declarados. La partida de otro inspector profundizaría este escenario, afectando no solo el volumen de auditorías, sino también la detección de irregularidades vinculadas a la trazabilidad y la calidad del producto.

Asimismo, Ramella destacó el rol histórico del organismo como garante de transparencia en la cadena comercial. “El Instituto fue una garantía para que el bodeguero no dejara en una situación desfavorable al viñatero, que muchas veces es el más perjudicado”, señaló, advirtiendo que el debilitamiento de los controles deja más expuestos a los productores primarios en un contexto complejo para el precio de la uva.

Mudanza y reorganización institucional

Al recorte de personal se sumará una modificación edilicia: Ramella confirmó que el INV abandonará su actual inmueble en San Juan para trasladarse a una sede anexa ubicada en el departamento Capital. De este modo, el organismo afrontará el cierre del año en medio de una profunda reestructuración física y de recursos humanos, a la espera de la aprobación definitiva de las cuatro bajas ya solicitadas.

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