La oposición giojista busca llevar a la Justicia el acuerdo millonario entre San Juan y Vicuña

Los diputados Mario Herrero y Graciela Seva acudieron a la Defensoría del Pueblo para solicitar que impulse una acción judicial y gestione una medida cautelar que impida la ejecución del convenio minero por hasta US$250 millones.

Los diputados provinciales Mario Herrero y Graciela Seva, integrantes del bloque San Juan Vuelve, presentaron este jueves 19 de noviembre un planteo ante la Defensoría del Pueblo con el que buscan abrir una instancia judicial para frenar el acuerdo firmado entre el Gobierno de San Juan y la empresa Vicuña Argentina S.A.

Los legisladores solicitaron que el organismo intervenga en representación de los ciudadanos y promueva una demanda ante la Justicia, acompañada de una medida cautelar que permita suspender la aplicación del convenio. De esta manera, pretenden cuestionar por otra vía un entendimiento que ya cuenta con respaldo legislativo.

La presentación está vinculada con el Acta Compromiso suscripta el 5 de agosto entre la Provincia y la compañía minera, que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de agosto mediante la Ley 2836-M. En aquella sesión, la iniciativa obtuvo 27 votos afirmativos y nueve negativos, entre los que estuvieron los de Herrero y Seva.

Por el momento, el pedido no implica que el acuerdo haya quedado suspendido ni que exista una resolución judicial al respecto. Los diputados buscan que la Defensoría tome intervención y solicite formalmente esa medida ante los tribunales.

Otro frente de cuestionamientos por el fideicomiso

La iniciativa se conoció apenas 48 horas después de que la Legislatura provincial aprobara el contrato del Fideicomiso Aporte DIA Vicuña, una herramienta creada para gestionar los recursos económicos comprometidos por la minera.

El proyecto recibió 22 votos a favor, dos en contra, siete abstenciones y cinco ausencias. Nuevamente, Herrero y Seva fueron los únicos legisladores que rechazaron la propuesta.

Durante el tratamiento, el diputado Herrero había planteado objeciones sobre las condiciones jurídicas del contrato, las modificaciones respecto del esquema original y el mecanismo de administración de los fondos. También cuestionó la designación del Banco San Juan como fiduciario y el margen de intervención que tendría el Gobierno provincial en las decisiones.

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron el instrumento al sostener que permitirá financiar obras de infraestructura bajo mecanismos de auditoría, rendición de cuentas y controles.

Los fondos previstos en el convenio

El acuerdo entre San Juan y Vicuña contempla un aporte anticipado de hasta 250 millones de dólares para financiar infraestructura relacionada con el desarrollo del proyecto minero. Además, establece un régimen de regalías del 3% sobre los ingresos alcanzados por el convenio y una contribución adicional del 1,5% sobre las ventas brutas a partir del sexto año de operación, de acuerdo con las condiciones establecidas.

El fideicomiso aprobado por los diputados tendrá al Banco San Juan a cargo de la administración de los recursos. Los desembolsos se concretarán de manera gradual y estarán sujetos a la presentación de certificados que acrediten el avance de las obras.

Con el pedido presentado ante la Defensoría, los legisladores giojistas buscan trasladar la controversia al ámbito judicial y poner en discusión la continuidad de uno de los acuerdos económicos más relevantes vinculados al desarrollo minero de San Juan.

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