Ratifican la cesantía de un docente por presentar certificados médicos adulterados

El Gobierno de San Juan confirmó la cesantía del docente Pablo Nievas, luego de rechazar el recurso de reconsideración que había presentado contra la sanción impuesta por el Ministerio de Educación. La medida se adoptó tras un sumario administrativo que concluyó que el maestro presentó 10 certificados médicos adulterados para justificar inasistencias entre 2021 y 2022.

La investigación comenzó en agosto de 2022, a partir de una denuncia realizada por las autoridades de las escuelas General Mariano Acha y Carlos Saavedra Lamas, ambas del departamento Pocito. Las directoras detectaron irregularidades en una carta médica presentada por el docente y dieron intervención a los organismos correspondientes.

La Dirección de Control y Reconocimientos Médicos informó que Nievas no tenía licencias médicas otorgadas durante el período investigado. Además, determinó que los certificados enviados por WhatsApp presentaban inconsistencias en su contenido, formato y numeración, y que nunca habían sido emitidos ni validados por el organismo competente.

Durante el sumario también se estableció que tres solicitudes de licencia realizadas por el docente en 2021 habían sido rechazadas y que no existían registros de internaciones ni pedidos de Junta Médica que respaldaran las ausencias.

Con esos antecedentes, la conducta fue considerada una falta grave por incumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo y por afectar la ética de la función docente. En consecuencia, el Ministerio de Educación dispuso su cesantía el 27 de junio de 2025.

En su descargo, Nievas sostuvo que la sanción era desproporcionada y argumentó que las observaciones sobre los certificados podían haberse subsanado mediante una nueva presentación o consultando al profesional que supuestamente los había emitido. También afirmó que no existió abandono de tareas y ofreció devolver las horas correspondientes a las licencias cuestionadas.

Sin embargo, la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios Administrativos y la Asesoría Jurídica del Gobierno concluyeron que era responsabilidad exclusiva del agente presentar documentación válida para acceder a licencias. Además, remarcaron que la reiteración de la conducta agravó su responsabilidad y justificó la aplicación de la máxima sanción administrativa.

Con el rechazo del recurso, el docente agotó la vía administrativa. Si pretende revertir la medida, deberá recurrir a la Justicia.