Inocencia Fiscal: el Gobierno lanza un nuevo proyecto para que salgan USD 170.000 millones de los colchones de los argentinos
Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizará una conferencia de prensa junto con tributaristas para explicar los cambios que buscará que apruebe el Congreso. Las dudas por la adhesiones de funcionarios y el debate en el Congreso
Este miércoles en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que girará a la Cámara de Diputados. Tras reiterados reclamos de los contadores sobre algunos obstáculos para los contribuyentes, el equipo económico reconoció los escollos y buscará corregirlos para que salgan los USD 170.000 millones que los argentinos tienen abajo de los colchones.
La exposición de Caputo se realizará en el quinto piso del Palacio de Hacienda y responde a un proceso de revisión que el Gobierno encaró durante las últimas semanas. El punto de inflexión ocurrió tras una reunión en mayo entre el ministro y especialistas en materia tributaria. Durante ese encuentro, los expertos señalaron los inconvenientes que presentaba la versión original de la ley y sugirieron modificaciones para brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes interesados en adherir al blanqueo de capitales.
La semana pasada, tras un segundo encuentro, se estableció como medida provisoria mantener la fecha de pago del impuesto a las Ganancias para el 27 de julio, aunque se pospuso hasta el 27 de agosto la obligación de presentar la declaración jurada. El oficialismo espera que antes de ese plazo Diputados apruebe la nueva versión de la ley, lo que permitiría a los contribuyentes sumarse al régimen bajo condiciones revisadas y corregidas.
El núcleo de la propuesta radica en la posibilidad de sumar a la economía formal recursos que hasta ahora permanecen fuera del sistema financiero. Según cálculos del ministro de Economía y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el país hay USD 170.000 millones que no se encuentran bancarizados, una cifra que, de integrarse al circuito formal, podría tener un impacto determinante en la remonetización de la economía.
Durante la última conferencia conferencia, Caputo defendió con énfasis la necesidad de avanzar con una nueva ley. “La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque es ese ahorro que está abajo de los colchones donde la gente está perdiendo poder de compra y, a su vez, el país no se beneficia porque ese es el ahorro que debería estar capitalizándose o convirtiéndose en inversión. Y ese es el ahorro que bancos y ALyCs podrían destinar para poder financiar proyectos de infraestructura, pymes”, afirmó.
La normativa actual no logró los resultados esperados ni la adhesión suficiente por parte de los contribuyentes. La cuestión está si luego de lo que sucedió, el Gobierno logrará que se apruebe en el Congreso. “Ya lo han aprobado, lo que estamos mandando ahora es una versión mejorada porque, luego de habernos juntado con un grupo de contadores, nos prestaron lo que ellos creían que eran las principales razones por las que no estaba prendiendo en la medida en que nosotros creíamos. Corregimos esas cosas, pero está claro que del lado del Congreso, el mandato está porque ya la han aprobado originalmente; no veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, sostuvo el ministro.
Cambios clave
El nuevo texto que el Ejecutivo girará a Diputados introduce cambios sustanciales en los requisitos y alcances del blanqueo. Uno de los puntos más controvertidos gira en torno a la obligación de adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) para quienes deseen exteriorizar fondos.
Esta condición generó polémica y una fuerte discusión en el ámbito parlamentario, sobre todo tras confirmarse que varios funcionarios públicos del Gobierno, incluido el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, se sumaron al régimen. Si bien la sola adhesión no implica la utilización automática del mecanismo para exteriorizar fondos, la presencia de funcionarios en el sistema alimentó el debate político y el recelo de la oposición.
La cuestión de las personas políticamente expuestas ocupa un lugar central en las discusiones. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, señaló que el anteproyecto permitía que grandes contribuyentes ingresaran al RSG, aunque no gozaban de todos los beneficios, como la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago. “Sería razonable que se excluya a las personas políticamente expuestas, no es razonable que tengan esos beneficios también”, sostuvo y también reclamó por la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que dejaban afuera a contribuyentes con herencias, ventas de acciones o inmuebles.
En tanto, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal eliminará los topes de ingresos y patrimonio que en la versión anterior se habían fijado en $1.000 millones y $ 10.000 millones, respectivamente permitiendo así la inclusión de un universo más amplio de personas físicas y jurídicas. Esta modificación responde a la intención de facilitar la regularización de fondos que, por diferentes motivos, quedaron fuera de los parámetros establecidos en la ley que rige actualmente.
Otro aspecto es la definición de “discrepancia significativa”, un punto clave en la interpretación del alcance del blanqueo y sus efectos tributarios. Domínguez explicó que resulta necesario eliminar la exclusión de la disminución de saldo a favor y establecer un umbral mínimo para la punibilidad, que el anteproyecto fijó en el 5% del monto objetivo de evasión simple.
Con la legislación vigente, ese umbral equivale a $5 millones, una cifra considerada elevada por tributaristas y contadores. También subrayó la importancia de establecer con claridad en el texto en qué momento corresponde considerar el monto de punibilidad vigente, proponiendo que sea el del vencimiento o presentación de la declaración jurada.
La estrategia del Gobierno no solo busca sumar recursos al sistema financiero, sino también fortalecer la capacidad de crédito y financiamiento de proyectos productivos, infraestructura y pequeñas y medianas empresas. La expectativa oficial es que, con la nueva versión de la ley, aumente el número de contribuyentes dispuestos a regularizar fondos, lo que permitiría canalizar una porción significativa de los ahorros informales hacia la economía formal.
El proceso legislativo resultará determinante para el éxito de la iniciativa. El Ejecutivo apuesta a que, antes del 27 de agosto, la Cámara de Diputados apruebe el texto revisado, permitiendo que los contribuyentes accedan en tiempo y forma a los beneficios. Hasta entonces, se mantendrá la presentación de la declaración jurada pospuesta, pero el pago del impuesto a las Ganancias seguirá con la fecha original del 27 de julio.
Fuente: Infobae
Rivero. C
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