Presupuesto 2027 propone cambios en discapacidad y las universidades recibirán menos de lo que piden
El Gobierno envió al Congreso la hoja de ruta para el último año del mandato de Javier Milei. En el horizonte se vislumbran batallas por el gasto para dos de los sectores más afectados por la política de ajuste del libertario
El Gobierno nacional envió esta noche a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, hoja de ruta para el último año del mandato de Javier Milei en la Presidencia de la Nación. Además de proyectar variables como la inflación, el dólar, el PBI y el resultado económico anual, también determina cambios en las partidas para áreas sensibles como discapacidad y universidades.
Con la firma de Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la iniciativa ingresó al parlamento pasadas las 22hs. En el texto se establece un superávit primario de $18,44 billones, equivalente al 1,3% del PBI, y un superávit financiero de $3,30 billones, que representa el 0,2% del producto, luego de contemplar el pago de los intereses de la deuda.
En materia cambiaria, el proyecto contempla un dólar de $1.847,60 para fines de 2027. Desde el Ejecutivo aclararon que ese valor no constituye una previsión puntual sobre la cotización, sino que surge de ajustar el nivel actual por la inflación estimada para el próximo año.
Discapacidad
En materia discapacidad, la iniciativa contempla cambios fuertes. El más relevante apunta a la modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En ese sentido fija la Pensión No Contributiva por invalidez laboral en 70% de la jubilación mínima y establece que será incompatible con un empleo formal o con estar inscripto en el régimen general o simplificado.
Por otro lado, contempla cambios en el esquema del nomenclador. Los valores dejarán de ser universales y cada ente obligado deberá determinarlos. En el caso de Nación, se actualizarán trimestralmente y, si no se hace, se tomará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa mes a mes el INDEC.
Finalmente, deroga los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793. El primero afecta directamente a la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Elimina también la garantía de acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud a las personas que cuenten con una Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
En cuanto a la eliminación noveno artículo, suprime la conversión de oficio de la pensión no contributiva en Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Por último el artículo 14 establece actualmente que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad “serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley” y serán determinados por el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y actualizados conforme a lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 274/24.
Universidades
Respecto a las universidades, el Gobierno propone una partida de $7.3 billones para su funcionamiento, inversión y en gasto de programas especiales. Desde las casas de estudios habían solicitado ese monto, pero para inicios del 2026, cuando el Ejecutivo propuso $4,8 billones. Este año, el gasto cerrará en torno a los $6 billones.
En el 96° Plenario de Rectoras y Rectores realizado en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó días atrás su proyecto de presupuesto universitario 2027 en el que manifestaron que necesitarán $11 billones para operar, cuatro más de los estimados por Nación.
La planilla fue enviada previamente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación y contrasta con el monto proyectado por el Gobierno nacional en el Presupuesto 2027, por lo que es de esperar que las universidades vuelvan a reclamar ante la Justicia por el cumplimiento de la ley de Financiamiento.
En la hoja de ruta económica también aparece un dato relevante. El Gobierno incorporó en el artículo 12 una herramienta de control sobre las casas de estudios en el que manifiesta que el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello podrá interrumpir las transferencias si una universidad no entrega la información requerida.
En cuanto a los aumentos salariales previstos para 2027, el Ejecutivo estableció que la base sobre las que se establecerán los incrementos serán las plantas docentes y no docentes vigentes a noviembre de 2026, salvo ampliaciones autorizadas.
El Presupuesto 2027 mantendrá abierto el frente de batalla entre el Gobierno y las universidades, desde donde anticiparon este martes que la primera semana de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria en caso de no cumplirse con la ley hasta esa fecha.
Fuente: Ambito
OP: Sebastián Almada
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