Por “exceso de controles”, el Gobierno reestructura el Instituto Nacional de Vitivinicultura
El Ministerio de Economía dispuso convertir al INV en una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Agricultura. Apuntan a recortar su presupuesto y limitar sus funciones, acusándolo de generar sobrecostos y trabas para los productores.
En el marco del plan de ajuste del Estado, el Gobierno nacional anunció este lunes una profunda reestructuración del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo clave para el control y la certificación de la industria del vino. Según el Ministerio de Economía, el INV será degradado a “unidad organizativa” bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, aunque conservará su nombre.
La medida forma parte de un paquete de reformas que también incluye cambios en otros organismos como el INTA y el INTI, y responde –según la cartera que encabeza Luis Caputo– a un diagnóstico crítico sobre la función actual del Instituto. “El INV ha desplegado una excesiva actividad fiscalizadora en la cadena productiva, ejerciendo controles redundantes e innecesarios que generan sobrecostos, burocracia y distorsiones”, sostiene el comunicado oficial.
Actualmente, el Instituto cuenta con 459 empleados distribuidos entre su sede central en Mendoza y distintas delegaciones en el país. Su presupuesto anual es de $12.120 millones, uno de los principales blancos del recorte.
La decisión del Gobierno implica una reducción significativa de las funciones de control del INV, limitándolo a tareas voluntarias, a pedido del productor, salvo en lo que respecta a la certificación de calidad, que se mantendrá debido a su reconocimiento en mercados internacionales.
Desde el Ministerio aseguran que el organismo, tal como funciona hoy, “afecta la competitividad de la industria, especialmente de los pequeños productores”, y que el nuevo esquema buscará “aliviar la carga regulatoria y los costos”.
Cambios en otros entes del agro
El ajuste también alcanza al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que pasará a ser un ente desconcentrado dentro del Ministerio de Agricultura, con foco exclusivo en innovación y transferencia tecnológica. Según la nueva orientación oficial, dejará de financiar programas vinculados al extensionismo, la agricultura familiar y la agroecología.
En la misma línea, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) será reorganizado como unidad organizativa bajo la Secretaría de Industria y Comercio, aunque también mantendrá su denominación histórica.
Estas decisiones se enmarcan en la política de “achicamiento del Estado” impulsada por el Gobierno, que apunta a reducir estructuras, eliminar “gastos improductivos” y concentrar funciones en áreas estratégicas.
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