La investigación judicial por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sumó este martes un nuevo capítulo. La defensa de los ex presidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, solicitó el apartamiento de la jueza Mónica Lucero, quien interviene en el expediente que tramita en la UFI Delitos Especiales.
La presentación fue realizada por el abogado Nasser Uzair, quien argumentó que sus representados no pudieron acceder a información vinculada a medidas de investigación ya impulsadas por el Ministerio Público Fiscal. Según planteó, la negativa de la magistrada a brindar esos datos durante una audiencia realizada el pasado 17 de junio evidencia una supuesta falta de imparcialidad.
Entre los fundamentos de la recusación, la defensa también sostuvo que no fue debidamente notificada de esa audiencia, situación que —a su criterio— afectó el derecho de defensa de los exfuncionarios al impedirles participar del acto procesal.
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que en las próximas horas podrían producirse nuevas presentaciones relacionadas con la estrategia judicial impulsada por Uzair.
La causa tuvo origen en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia, quien pidió investigar posibles maniobras irregulares en contrataciones vinculadas al Acueducto Gran Tulum durante la gestión provincial 2019-2023. Entre otros puntos, la denuncia planteó sospechas sobre un eventual direccionamiento de licitaciones en favor de la empresa proveedora de caños Krah y la posible intervención de funcionarios públicos en esos procesos.
Posteriormente, Arancibia amplió la denuncia incorporando nueva documentación y señalando posibles irregularidades relacionadas con la ejecución financiera de la obra, incluyendo redeterminaciones de precios y anticipos de pago. Además, consideró que los hechos podrían encuadrarse en delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público.
La investigación continúa en etapa preliminar bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, que actualmente transita una prórroga del plazo de pesquisa para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual imputación o disponer el archivo de las actuaciones.
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