El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, respaldó públicamente la aprobación del proyecto que habilita al Ejecutivo provincial a gestionar financiamiento por hasta US$ 600 millones. A través de sus redes sociales, el funcionario alineó la estrategia de su cartera con el plan de obras del gobernador Marcelo Orrego y defendió el impacto que el crédito tendrá en las actividades productivas de la provincia.
“El desarrollo productivo necesita rutas, energía y logística. Por eso la decisión de avanzar con financiamiento para infraestructura es tan importante”, publicó el ministro en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Los ejes del financiamiento para la producción
Con la sanción de la ley, el Gobierno sanjuanino quedó facultado para salir al mercado en busca de créditos, empréstitos o emisión de bonos. Desde el Palacio de Gobierno insisten en que no se trata de gasto corriente, sino de recursos destinados exclusivamente a obras de capital que mejoren la competitividad local.
El destino de los fondos apunta a robustecer la infraestructura que demandarán las empresas internacionales:
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Conectividad: Rutas y accesos optimizados para el transporte de carga y proveedores.
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Recursos estratégicos: Obras de energía, saneamiento y optimización de recursos hídricos.
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Logística minera: Preparar el terreno para el inicio de la fase de construcción de los grandes proyectos metalíferos de la provincia.
Una votación clave con internas en la oposición
La ley logró luz verde en una sesión de alta tensión política que terminó con 23 votos afirmativos y 12 negativos. El debate estuvo marcado por el acompañamiento de un sector del justicialismo que quebró la postura de su bloque, y contó con la fuerte presencia en el recinto del propio gobernador Orrego, sus ministros e intendentes peronistas.
El proyecto había tenido su puntapié inicial el pasado lunes 1 de junio, cuando el mandatario provincial anunció la iniciativa en Casa de Gobierno con un argumento que hoy repite todo su gabinete: San Juan debe anticiparse al crecimiento económico inminente para evitar un colapso en sus servicios y estructuras.
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