Meta obliga a elegir entre pagar o ceder datos

La Organización Europea del Consumidor (BEUC) alertó que el último modelo de la empresa tecnológica Meta obliga a sus usuarios de Facebook e Instagram a pagar una suscripción mensual para evitar anuncios o a utilizar una versión gratis cediendo datos. Esta situación infringe las reglas europeas.

De acuerdo con un documento, la BEUC sostiene que el nuevo modelo de la empresa de Mark Zuckerberg vulnera varias normativas a la vez: la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales (UCPD). En el comunicado el director de la organización, Agustín Reyna, argumenta que Meta solo realiza “ajustes menores en lugar de solucionar el problema”. “Los consumidores tienen que volver a tomar una decisión que carece de claridad y no respeta los principios básicos de la ley de protección de datos. Las personas merecen una opción real y justa, no otra ronda de mensajes confusos”, expresó Reyna.

La organización europea plantea que el modelo 2026 de Meta no le da a los consumidores de redes sociales un espacio de consentimiento libre informado para elegir si recibir o no anuncios personales. “Sigue siendo un problema crucial dada la inmensa cantidad de datos personales que recoge Meta de sus usuarios”, advirtió la BEUC sobre las ventajas que esto le da a la empresa. Además afirman que, por el modo en que plantean las opciones, el gigante tecnológico pretende que los usuarios acepten “la opción de anuncios totalmente personalizados”.

Reclamo conjunto

Además de la BEUC, otras organizaciones nacionales de diferentes países europeos expresaron sus descontentos con las acciones de Meta y le pidieron a la Comisión Europea que la empresa se adapte a las legislaciones del Viejo Continente. Incluso hablaron de la posibilidad de multar periódicamente a Meta hasta que finalice con estas prácticas.

El gigante dirigido por Zuckerberg empezó a cambiar sus servicios en Europa en noviembre de 2023. Desde entonces Facebook e Instagram comenzaron a solicitar consentimientos para procesar datos de los usuarios a cambio de no enviarles anuncios personalizados o que pagaran para no ver las publicidades. La Comisión Europea calificó a esta actividad como ilegal por primera vez en abril de 2025 debido a que no había una opción que prometiera el mismo servicio sin utilizar sus datos ni dejaba que los usuarios definieran libremente sobre la utilización de su información.

La BEUC denunció a Meta ante la red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC) por infringir la ley que protege al consumidor. Y acusó a la empresa tecnológica ante autoridades de la protección de datos por las prácticas que podrían contravenir el Reglamento General de Protección de Datos.

Javier Pallero –experto en polícas públicas y tecnología– explicó a Página/12 que esta situacion con Meta exige un grado de matiz importante, tanto en la regulación como en su implementación: “Las leyes de protección de datos en Europa exigen un consentimiento informado y libre, pero la interpretación de qué significa eso —cómo se entiende, cómo se aplica— es en sí misma una batalla regulatoria. En tecnología, como el campo cambia y evoluciona, las leyes tienden a establecer principios amplios en lugar de reglas específicas, para no quedar desactualizadas rápido. La contracara es que una regla muy amplia, para ser operativa, tiene que ser clara en su implementación. Y este es exactamente uno de esos casos: se discute qué grado de profundidad en el consentimiento es suficiente para que uno pueda elegir hasta qué punto se tratan sus propios datos”.

–¿Hay una gratuidad tramposa?

–Meta tiene todo el derecho de ofrecerte un servicio pago o uno gratuito a cambio de tus datos. El problema es que esa opción gratuita es excesiva: recolecta demasiada información, no genera un consentimiento verdaderamente informado y no te da opciones intermedias. Es todo o nada. Y eso es justamente lo que la ley no permite. Pero al intentar interpretar esto en la práctica, es cuando todo empieza a trabarse. Este tema viene arrastrándose hace años y eso dice mucho sobre otra dificultad central: el tiempo que tarda la burocracia regulatoria en aterrizar en un modelo concreto que realmente beneficie a los usuarios. Esos son los desafíos de la legislación hoy en día.

fuente: pga 12

op: checo murciano