Megacausa de las expropiaciones: quedó firme la Sala de la Corte que revisará las condenas tras superar recusaciones

Luego de un extenso proceso marcado por excusaciones y planteos judiciales, quedó finalmente confirmada la integración de la Sala de la Corte de Justicia de San Juan que revisará las condenas dictadas en la megacausa de las expropiaciones. El tribunal ad hoc estará compuesto por el camarista penal Renato Roca —quien ejercerá la presidencia— junto a los camaristas civiles Esteban De la Torre y Ernesto Escobar.

La conformación de este cuerpo de magistrados subrogantes se volvió indispensable debido a que los cinco ministros titulares del máximo tribunal provincial debieron inhibirse de intervenir, ya sea por haber tenido participación previa en el expediente o por mantener vínculos personales con algunos de los acusados.

Antes de quedar habilitados para analizar el fondo de la cuestión, Roca, De la Torre y Escobar tuvieron que sortear sus propias instancias de cuestionamiento. Las defensas habían presentado pedidos de recusación contra dos de ellos: apuntaron a Roca por su intervención en un incidente judicial previo vinculado al abogado Santiago Graffigna, y cuestionaron a Escobar por su anterior desempeño como jefe de Asesores de la Secretaría General de la Gobernación durante la gestión uñaquista, alegando una supuesta intencionalidad política. Ambos planteos fueron rechazados, replicando el criterio aplicado en instancias anteriores.

Con su continuidad ratificada, el tridente de camaristas procedió a evaluar y aceptar una numerosa lista de inhibiciones presentadas por otros jueces sorteados, entre ellos Víctor Muñoz Carpino, Mariano Ibáñez, Eduardo Raed, Ana Lía Larrea, Juan Carlos Pérez y Sergio Saffe. De este modo, el tribunal quedó en condiciones de comenzar el estudio de los recursos extraordinarios interpuestos por los abogados defensores el 20 de agosto de 2025.

El fallo bajo revisión fue emitido el 4 de julio de 2025 por los jueces Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón, quienes dieron por probada la existencia de una asociación ilícita dedicada a inflar el valor de terrenos expropiados por el Estado para obtener sumas millonarias del erario público. En aquella sentencia, se impusieron penas de prisión efectiva para nueve condenados:

• Santiago Graffigna (señalado como líder de la organización): 7 años y 8 meses.

• Carlos Macchi (exjuez civil): 6 años y 2 meses.

• Horacio Alday (abogado y exsocio de Graffigna): 6 años.

• Mario Díaz: 6 años.

• Néstor Adán Ruiz: 4 años y 6 meses.

• Ana María Melvin: 4 años.

• Víctor Hugo Bustos: 3 años y 6 meses.

• José Moreno: 3 años.

• Juan Pablo Quiroga: 3 años.

Tras casi 15 meses desde la presentación de las apelaciones extraordinarias y una cadena de apartamientos que demoró el trámite, la Corte subrogante iniciará ahora la etapa decisiva para determinar si ratifica, modifica o revoca las sentencias.