Los municipios de San Juan deberán financiar el alumbrado público tras fallo judicial

El Juzgado Federal Nº 2 rechazó la cautelar contra la resolución nacional que impide incluir tasas municipales en las boletas de servicios, obligando a los municipios a financiar el alumbrado y mantenimiento eléctrico con recursos propios.

La Justicia Federal falló en contra de los 19 municipios de San Juan al rechazar la medida cautelar presentada contra la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. Esta resolución prohíbe a las empresas eléctricas y de gas incluir en sus facturas conceptos ajenos a los servicios, como el Cargo Único Municipal (CUM), que financiaba el alumbrado público y el mantenimiento de las redes eléctricas.

El fallo, dictado el 26 de diciembre por el juez Leopoldo Rago Gallo del Juzgado Federal Nº 2, determinó que la solicitud de los municipios no cumplía con los requisitos de «peligro en la demora». Según el tribunal, la demanda se presentó casi 90 días después de la publicación de la medida nacional, lo que evidenció la falta de urgencia en la gestión del caso.

Meses atrás, el vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero, explicó que “la medida nacional prohíbe que cualquier ítem no relacionado con la prestación del servicio de electricidad figure en la factura». Además, detalló que en San Juan no se incluyen conceptos ajenos a la electricidad en las boletas de luz.

El CUM, presente en las facturas provinciales, está destinado específicamente a cubrir los costos del alumbrado público, los edificios municipales y su respectivo mantenimiento. Este cargo, regulado por un decreto provincial en mayo de 2023, fue establecido con el fin de evitar abusos y garantizar su transparencia.

Ferrero destacó que el CUM está relacionado con el servicio de alumbrado público, esencial para la seguridad de las personas, la seguridad vial y el comercio. Subrayó que desfinanciar este servicio resulta irrazonable, ya que, independientemente de su inclusión en la factura, los costos deben seguir cubriéndose.

El impacto de este fallo será significativo, ya que obligará a los municipios a asumir, con recursos propios, el costo del alumbrado público y el mantenimiento de las redes eléctricas, un gasto que hasta ahora se financiaba a través de las boletas de luz.