La Justicia ordenó clausurar una de las estancias de Lázaro Báez en medio de la investigación por lavado de dinero
Se dispuso el cierre preventivo de La Entrerriana y ordenó instalar una custodia policial permanente. Investigan si el empresario seguía manejando sus propiedades desde la cárcel.
El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenó la clausura cautelar de la estancia La Entrerriana, vinculada al empresario Lázaro Báez, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. Además, dispuso una consigna policial permanente para evitar que se oculten, alteren o sustraigan bienes del establecimiento.
La medida fue adoptada a pedido del fiscal Julio César Zárate, quien advirtió sobre la necesidad de preservar los bienes y animales encontrados durante los procedimientos judiciales. La resolución, firmada el 17 de noviembre, establece que el cierre se mantendrá sin un plazo de vencimiento determinado y hasta que exista una nueva disposición judicial.
La decisión se produce en medio de una investigación que busca determinar si Báez continuaba administrando y explotando comercialmente propiedades embargadas desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad.
Según la resolución judicial, a la que accedió este medio, los investigadores completaron el relevamiento de hacienda en La Entrerriana y contabilizaron 96 bovinos y 203 ovinos. También detectaron animales con marcas correspondientes a otros establecimientos y ejemplares sin identificación reconocible.
Durante el procedimiento se encontraron vehículos y motovehículos, que quedaron fajados dentro de la propiedad. La Fiscalía explicó que los bienes no podían ser trasladados ni depositados en instalaciones judiciales convencionales, por lo que solicitó mantener el establecimiento bajo custodia.
El magistrado consideró que existía riesgo de alteración, ocultamiento o sustracción de los elementos encontrados y dispuso el cierre preventivo del campo.
La medida, sin embargo, contempla excepciones para garantizar el bienestar de los animales. El juez autorizó el ingreso controlado de cuidadores, veterinarios y personal sanitario para asegurar el suministro de agua, alimentos y atención médica.
La resolución también hace referencia a Alquinta, otra de las propiedades rurales vinculadas con Báez que quedaron bajo la lupa judicial.
En ese establecimiento, los investigadores realizaron un recuento parcial de 1308 ovinos, de los cuales 22 tenían señales correspondientes a terceros. También encontraron seis bovinos con marcas ilegibles o alteradas.
Las tareas de relevamiento fueron suspendidas transitoriamente debido al período de parición de las ovejas y al riesgo que representaba continuar con los procedimientos.
A diferencia de La Entrerriana, la Justicia no dispuso la clausura de Alquinta, aunque ordenó que la Fiscalía garantice el cuidado de los animales y mantenga las medidas de preservación correspondientes.
El magistrado también dispuso informar a la Corte Suprema de Justicia sobre los bienes y animales identificados, así como las dificultades operativas derivadas de la situación de la hacienda.
La investigación sobre los negocios de Lázaro Báez desde la cárcel

La clausura de La Entrerriana se suma a los avances de una causa que investiga una presunta organización dedicada a administrar y explotar bienes vinculados con Báez que estaban alcanzados por embargos y otras medidas judiciales.
Una serie de escuchas telefónicas entre el empresario y Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, permitió reconstruir cómo Báez habría seguido impartiendo instrucciones sobre sus propiedades mientras permanecía detenido.
Ibáñez está investigado por sus presuntos vínculos con una organización dedicada al transporte y distribución de cocaína en Santa Cruz. Los investigadores sospechan que también actuaba como uno de los operadores de confianza del empresario para administrar sus negocios.
En una conversación del 5 de octubre, Báez y “Budín” discutieron sobre el manejo de las estancias La Entrerriana y Alquinta. El empresario dio instrucciones sobre la designación de encargados y dejó en claro que pretendía conservar el control de ambos establecimientos.
“Yo voy a supervisar los dos lados”, aseguró Báez en uno de los diálogos incorporados al expediente. En otra comunicación, relacionada con la administración de sus propiedades, el empresario sostuvo: “El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”.
Los investigadores también encontraron contratos y planillas que documentaban movimientos comerciales vinculados con las estancias.
Una de las operaciones bajo análisis corresponde al alquiler de una propiedad rural a Ibáñez. Según la documentación revelada por TN, el presunto narcotraficante acumulaba una deuda de $12 millones por el arrendamiento.
Además, se identificó un contrato de capitalización ganadera firmado en marzo de 2025 por Austral Agro, una empresa vinculada con Báez, para la cría, engorde y esquila de 7000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba.
La investigación también incluye movimientos financieros por aproximadamente $390,9 millones que la Fiscalía vincula con las operaciones de la presunta organización.
Las pesquisas derivaron en 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires, además del secuestro de vehículos, armas, drogas y documentación.
Entre los detenidos se encuentran Ibáñez y Claudia Insaurralde, pareja de Báez, quien tenía facultades para intervenir en la administración de sus propiedades. Insaurralde fue trasladada al penal de Ezeiza para cumplir prisión preventiva, mientras que su defensa solicitó que se le conceda el arresto domiciliario.
La investigación judicial busca establecer si los contratos, alquileres y operaciones comerciales permitieron mantener ingresos y bienes fuera del alcance de las medidas de embargo y decomiso dispuestas contra el empresario.
Fuente: TN
Por: G. Herrera
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