La persistencia de la inflación y la caída del poder adquisitivo continúan impactando en los hogares argentinos. En ese contexto, cada vez más jubilados vuelven al mercado laboral para complementar sus ingresos, mientras el Gobierno recurre a la postergación de pagos para sostener el superávit fiscal.
De acuerdo con datos del INDEC analizados por el Instituto Argentina Grande (IAG), la tasa de actividad entre personas mayores de 66 años aumentó 11% interanual. El fenómeno refleja una búsqueda de ingresos adicionales ante la pérdida de poder de compra de las jubilaciones y la caída general de los ingresos familiares.
Especialistas explican que en contextos de crisis suele aparecer la figura del “trabajador adicional”, cuando otros integrantes del hogar salen a buscar empleo para sostener los gastos. En este caso, advierten, la situación alcanza incluso a adultos mayores que regresan al mercado laboral por necesidad.
El informe también señala un crecimiento del denominado desempleo encubierto, que incluye a quienes consiguen trabajos de pocas horas o ingresos reducidos. Ese indicador alcanzó el 13,8%, más del doble del desempleo oficial, y entre los jubilados creció 34,1% en un año.
En paralelo, el mercado laboral continúa mostrando señales de debilidad. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en diciembre se perdieron 12.339 puestos de trabajo en el sector privado registrado. Desde el inicio del actual gobierno, la caída supera los 200.000 empleos en ese segmento.
La situación se refleja también en las finanzas de los hogares. En enero, la morosidad de las familias subió por decimoquinto mes consecutivo y alcanzó su nivel más alto en dos décadas, según un informe de la consultora 1816.
A la vez, la inflación continúa por encima de las pautas salariales impulsadas por el Gobierno. En febrero se ubicó en 2,9%, un nivel que distintos economistas consideran incompatible con una recuperación del salario real en el corto plazo.
Este escenario también impacta en las cuentas públicas. La caída del consumo afecta la recaudación tributaria, lo que obliga al Ejecutivo a reforzar el ajuste del gasto para mantener el superávit fiscal.
En ese marco, el Gobierno volvió a recurrir a la postergación de pagos, una práctica conocida como “pisar la caja”. Entre los casos mencionados por sectores empresarios figuran retrasos en reintegros a exportadores y deudas con contratistas vinculados a la obra pública.
También comenzaron a registrarse demoras en pagos a proveedores en áreas sensibles, como el sistema de salud, lo que genera creciente preocupación entre empresas y prestadores.
Con un consumo que no logra recuperarse, el empleo en retroceso y una inflación que sigue presionando sobre los ingresos, el panorama económico mantiene en alerta a distintos sectores, mientras el Gobierno intenta preservar el equilibrio fiscal como eje central de su política económica.
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