La Corte de San Juan ultima detalles para aplicar la nueva ley penal juvenil desde este 5 de septiembre
El máximo tribunal dictará reglas transitorias para adaptar la baja de imputabilidad a 14 años con el procedimiento actual. El presidente del cuerpo, Daniel Olivares Yapur, alertó que la provincia no cuenta con un espacio físico adecuado para alojar a los menores que sean privados de la libertad.
A pocos días de que entre en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional, la Corte de Justicia de San Juan trabaja a contrarreloj para poner en marcha una normativa que reducirá la edad de imputabilidad a los 14 años. La principal complicación radica en un desfasaje estructural: mientras la ley nacional está pensada para el sistema acusatorio, la provincia todavía se rige por el modelo inquisitivo mixto en el fuero de menores, donde los jueces conducen las investigaciones en lugar de los fiscales.
Para sortear este obstáculo legal hasta que la Legislatura sancione un Código Procesal Penal Juvenil específico, el Poder Judicial dictará una reglamentación provisoria. “Lo vamos a adaptar a lo que hoy por hoy tenemos para que los jueces puedan aplicarlo”, confirmó el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, quien remarcó que se están coordinando esfuerzos con el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General.
Más allá del esquema procesal, la implementación destapó una seria falencia edilicia y logística en la provincia: la falta de lugares de detención adecuados para adolescentes. “No van a ir al penal de Chimbas porque la propia ley prohíbe que estén con adultos. En San Juan no hay un lugar especial”, aseveró Olivares Yapur de forma categórica.
Frente a este escenario, el Ejecutivo provincial busca alternativas urgentes para habilitar dispositivos de contención, mientras desde el Poder Judicial recuerdan que la prisión preventiva funcionará únicamente como último recurso. El nuevo régimen priorizará medidas socioeducativas, mecanismos de justicia restaurativa y abordajes interdisciplinarios para los delitos de menor severidad.
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