La CGT resolvió adelantar para este lunes a las 16 una reunión de su Consejo Directivo con un objetivo inmediato: definir si convoca a un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en la Cámara de Diputados. El encuentro será virtual, condicionado por el fin de semana largo que dejó a varios dirigentes fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
La convocatoria se anticipó tras una serie de presiones internas que reclamaron una señal más contundente frente al avance legislativo. En distintos gremios ganó terreno la idea de que una movilización aislada no alcanza para expresar el rechazo al proyecto.
Presiones internas y giro en la conducción
Los cotitulares de la central, Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, evaluaban convocar al Consejo Directivo recién hacia mitad de semana. La insistencia de varios sindicatos para avanzar con una huelga obligó a modificar el cronograma.
El sector dialoguista, mayoritario en la conducción, sostenía hasta ahora una estrategia más moderada basada en negociaciones con bloques parlamentarios y contactos con funcionarios para intentar cambios en el texto. Ese esquema convivía con la decisión oficial de acelerar el tratamiento para sancionar la ley antes del 1° de marzo.
El oficialismo pretende llevar el proyecto al recinto la semana próxima, aunque los feriados complican el regreso de legisladores aliados. Si no se resuelven esas dificultades, la sesión podría postergarse hasta el miércoles 25.
Los puntos de conflicto con la reforma
En la CGT consideran un dato relevante haber logrado que se mantengan las cuotas solidarias y el nivel de contribuciones patronales destinadas a las obras sociales sindicales, un aspecto que preserva el financiamiento del sistema de salud gremial.
Sin embargo, la central objeta otros capítulos del proyecto, en especial los vinculados con indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones y regulaciones del derecho colectivo. También cuestiona las limitaciones al derecho de huelga en servicios esenciales y las restricciones para realizar asambleas en los lugares de trabajo.
En un documento interno, la CGT afirmó que se opuso “en su totalidad” a la iniciativa y sostuvo que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”. La central fundamentó su postura en el principio de progresividad de los derechos laborales y en la necesidad de que cualquier modificación surja de un acuerdo tripartito entre Estado, empleadores y trabajadores.
El artículo sobre licencias, eje del malestar
El mayor foco de tensión aparece en el cambio incorporado durante el debate en el Senado que modifica los pagos durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales. La CGT sostiene que esa disposición implica una reducción de ingresos en situaciones de vulnerabilidad.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente el criterio. “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, explicó. Según señaló, la medida busca desalentar licencias prolongadas sin costo para quien las solicita.
En paralelo, la pulseada legislativa
Mientras la CGT redefine su estrategia, el escenario parlamentario muestra señales de tensión entre aliados del oficialismo. En sectores del PRO y en partidos provinciales surgieron reparos sobre ese artículo y sobre otras disposiciones, como la prohibición del pago de salarios mediante billeteras digitales.
En La Libertad Avanza admitieron que aún no tienen asegurados todos los votos y que realizan un “punteo artículo por artículo”, lo que revela un panorama más abierto que el registrado en el Senado, donde la media sanción obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra.
El ala dura ya lanzó su propia convocatoria
El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), integrado por gremios como la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, anunció un paro con movilización al Congreso para el día del tratamiento legislativo. Ese posicionamiento presiona a la conducción cegetista desde su flanco más combativo.
También aparece como posible aliado de ese sector la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que propone avanzar con medidas progresivas por actividad en lugar de una protesta única.
La estrategia judicial y sus límites
En paralelo al debate sindical y político, abogados de la CGT comenzaron a analizar el texto aprobado por el Senado con la mira puesta en una eventual judicialización si la ley se sanciona.
Durante esas reuniones surgió un dilema técnico: no todos los artículos podrían ser cuestionados directamente por la central. El referido a las licencias, por ejemplo, remite a derechos individuales, lo que exigiría que cada trabajador afectado litigue en forma particular y no a través de una acción colectiva del gremio.
Ante esa limitación, los asesores legales evalúan planteos más generales vinculados al principio constitucional de progresividad de los derechos laborales, como base para una impugnación más amplia.
Con el calendario legislativo ajustado y la presión interna en aumento, la CGT entra en una etapa de definiciones sobre cómo combinar la protesta sindical con la vía institucional frente a una reforma que el Gobierno busca convertir en ley en las próximas semanas.
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