La inminente implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, prevista para septiembre, encendió alertas en el Poder Judicial sanjuanino. El cambio normativo no solo implicará una baja en la edad de imputabilidad, sino también un incremento significativo en la cantidad de causas, lo que tensionará aún más el sistema actual.
En ese contexto, los jueces de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro y María Julia Camus, plantearon la necesidad de buscar alternativas frente a un esquema que ya muestra signos de saturación. Entre las opciones, aparece con fuerza la transición hacia el sistema acusatorio, aunque también se analizan soluciones intermedias mientras ese modelo no esté plenamente vigente.
Toro sugirió avanzar en mecanismos como la reparación del daño o la conciliación entre las partes, herramientas que hoy no están contempladas en el procedimiento penal juvenil, pero que podrían contribuir a descomprimir la carga judicial.
Desde el Ministerio Público, el fiscal General Guillermo Baigorrí se mostró optimista respecto a la implementación del sistema acusatorio en el fuero de Menores. Señaló que existe un plazo de 180 días para cumplir con el mandato legal y remarcó que tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo deberán articular medidas para garantizar su funcionamiento.
Sin embargo, desde la Corte de Justicia predomina una mirada más cauta. Su presidente, Daniel Olivares Yapur, subrayó que la puesta en marcha del nuevo sistema requiere la sanción de un Código Procesal específico y de una estructura adecuada de recursos humanos y materiales.
El nuevo régimen, impulsado a nivel nacional, establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y obliga a investigar todos los delitos, incluso aquellos que antes podían archivarse por su menor gravedad. Este cambio es el principal factor que explicará el aumento de expedientes.
Ante este escenario, los jueces del fuero solicitaron una reunión con la Corte para presentar proyecciones y analizar posibles respuestas. El encuentro podría concretarse en los próximos días.
Actualmente, el sistema vigente —de tipo inquisitivo mixto— deja en manos de los jueces la investigación de los delitos. En contraste, el modelo acusatorio asigna esa tarea a los fiscales, con intervención de la Policía, lo que permite mayor agilidad en los procesos.
La experiencia en el fuero penal de adultos mostró que este sistema requiere un refuerzo significativo de personal. En esa línea, Baigorrí estimó que serían necesarios al menos dos jueces y cuatro fiscales adicionales para afrontar la nueva demanda.
Además, el jefe del Ministerio Público adelantó que propondrá a la Corte la redacción de un Código Procesal Penal Juvenil que incorpore el sistema acusatorio y contemple mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la Justicia Restaurativa.
Desde la Corte no descartaron esa posibilidad y destacaron la importancia de alcanzar consensos institucionales amplios, que incluyan a la Defensa, el Foro de Abogados y asociaciones de penalistas, antes de enviar un proyecto a la Legislatura.
El proceso, no obstante, estará condicionado por las limitaciones presupuestarias actuales, lo que podría influir en los tiempos de implementación.
Mientras tanto, la posibilidad de aplicar medidas alternativas sin una ley que las respalde genera debate. Desde el Ministerio Público reconocieron que podrían instrumentarse de manera excepcional, aunque advirtieron que no sería el camino ideal. Por su parte, desde la Corte remarcaron que los jueces conservan plena independencia para resolver cada caso conforme a derecho.
En este escenario de transición, el desafío será encontrar un equilibrio entre la urgencia por dar respuestas y la necesidad de construir un sistema sólido, con respaldo legal y recursos suficientes.
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