Justicia desestima la denuncia del presidente del Concejo de Angaco contra un fiscal y un edil opositor
El fiscal Adolfo Díaz rechazó in limine el planteo de Alberto de los Ríos contra el fiscal Francisco Nicolía y el concejal Andrés Olivera por presunta coacción y abuso de autoridad. La resolución consideró inverosímil la acusación y ya fue apelada por la defensa.
La Justicia sanjuanina desestimó la denuncia presentada a mediados de agosto por el titular del Concejo Deliberante de Angaco, Alberto de los Ríos, y la secretaria administrativa del cuerpo, Valeria Olivera. La presentación apuntaba contra el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía —quien investiga a De los Ríos y al intendente José Castro—, y contra el concejal opositor Andrés Olivera por los delitos de coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y usurpación de cargo.
El fiscal Adolfo Díaz resolvió el archivo del caso basándose en los siguientes puntos clave:
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Legalidad en la citación: Díaz determinó que el uso de mensajes de WhatsApp por parte del fiscal Nicolía para citar al concejal opositor a declarar como testigo no constituye un delito ni una falta ética, sino un acto válido de investigación.
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Aviso sobre consecuencias jurídicas: Las advertencias de denunciar al Concejo si no remitían el acta oficial que aprobó el convenio entre los ediles y el intendente Castro se encuadran dentro de las notificaciones sobre deberes y responsabilidades legales del funcionario público.
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Falta de tipicidad: La resolución concluyó que los hechos expuestos resultan “inverosímiles o parciales” y no reúnen los elementos necesarios para configurar un delito penal.
El trasfondo de la causa principal El intento de denunciar al fiscal surgió semanas después de que la Justicia formalizara la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra el intendente José Castro por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, y contra los ediles Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López por abuso de autoridad y encubrimiento. La Fiscalía busca determinar si los concejales aprobaron un convenio irregular para evitar que el jefe comunal enfrente un juicio por presunto uso de bienes y personal municipal en beneficio de un terreno privado.
Pese a la desestimación dispuesta por Díaz, el abogado patrocinante del Concejo Deliberante, Leonel García, solicitó la revisión de la medida, por lo que la confirmación o revocación del archivo quedará en manos de una jefatura de la UFI Delitos Especiales.
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