La Unión Judicial de San Juan elevó a la Corte de Justicia provincial una solicitud para incorporar un nuevo adicional salarial denominado “conectividad”, con características similares al beneficio que perciben los docentes desde la pandemia. El gremio propone que el monto inicial sea de $100.000, de carácter remunerativo y sujeto a actualizaciones periódicas según la evolución de los costos de los servicios de comunicación.

El planteo alcanza a unos 1.800 trabajadores judiciales y busca reconocer los gastos que, según sostienen desde el sindicato, muchos empleados afrontan con recursos propios para mantenerse disponibles fuera del horario laboral.

El secretario general de la organización, Sebastián López, explicó que la transformación tecnológica del sistema judicial y la implementación del sistema acusatorio adversarial penal modificaron las condiciones de trabajo de numerosos agentes. En ese contexto, señaló que existe una demanda constante de atención que se extiende más allá de la jornada habitual, incluyendo fines de semana y feriados.

Desde el gremio argumentan que, aunque las tareas se desarrollan en dependencias oficiales, es frecuente que los trabajadores deban utilizar sus teléfonos móviles, conexiones de internet y dispositivos personales para responder consultas, revisar expedientes o atender requerimientos vinculados al servicio de Justicia.

Para la Unión Judicial, esta disponibilidad permanente justifica la creación de un adicional específico que compense los gastos derivados de la conectividad, del mismo modo que ocurre en otros sectores de la administración pública.

Además del reclamo por este nuevo ítem, la presentación incorpora un planteo relacionado con el régimen jubilatorio del sector. Según López, mientras otros trabajadores estatales realizan aportes adicionales que aumentan progresivamente con la antigüedad, los judiciales mantienen un aporte fijo del 2% durante toda su carrera laboral.

Desde el sindicato consideran que esta situación genera una diferencia respecto de otros empleados públicos y afecta el poder adquisitivo de los trabajadores judiciales. Por ello, sostienen que resulta necesario avanzar en mecanismos que permitan mejorar la composición salarial del sector.

Ahora será la Corte de Justicia la encargada de evaluar la propuesta y determinar si corresponde avanzar con la incorporación del nuevo adicional para todo el personal judicial, incluidos empleados administrativos y de maestranza.