Juan Pablo Perea en Diputados: “No buscamos proteger menos, sino mejor y con evidencia científica”

En una exposición técnica y política ante la Cámara de Diputados de la Nación, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, defendió la necesidad de reformar la Ley de Glaciares. El funcionario sostuvo que la actual normativa padece de una ambigüedad que ha impedido su plena reglamentación por 15 años y aseguró que la nueva propuesta se basa en el rigor científico y el respeto a las autonomías provinciales.

“San Juan es una provincia que vive de su agua. No venimos a pedir que se proteja menos, venimos a pedir que se proteja mejor”, enfatizó Perea, despejando dudas sobre una posible regresividad ambiental.

Minería que se traduce en agua

Perea vinculó la actividad minera directamente con la supervivencia hídrica de la provincia. Destacó que, durante la gestión de Marcelo Orrego, se han ejecutado $22.000 millones en infraestructura para Jáchal e Iglesia provenientes de fondos mineros.

De ese total, el ministro detalló que $6.000 millones se destinaron exclusivamente a obras clave como el Acueducto El Tambillo, la planta potabilizadora de Villa Mercedes y mejoras en Cuesta del Viento. “Eso es lo que hace San Juan con los recursos de la minería: los devuelve al territorio en forma de agua para su gente”, sentenció.

El argumento científico: Glaciares vs. Escombros

Uno de los puntos más fuertes de la defensa fue la distinción técnica entre las diferentes geoformas de la cordillera:

• Protección absoluta: Perea fue tajante al afirmar que los glaciares descubiertos, cubiertos, neveros y manchones de nieve (que son 100% agua) no están en discusión y su protección es total.

• Ambiente periglacial: Citando estudios de la UNSJ (del geofísico Silvio Pastore), explicó que los glaciares de escombros tienen un aporte hídrico mínimo. En un escenario extremo de deshielo total en 65 años, estas formaciones solo aportarían el 1,65% del caudal del río San Juan.

“No estamos hablando de la reserva de agua de la que depende la provincia, sino de una fracción mínima que debe evaluarse caso por caso”, explicó el ministro.

Federalismo y celeridad en el control

El funcionario también recordó que, según el artículo 124 de la Constitución, las provincias tienen el dominio originario de sus recursos. En ese sentido, destacó la robustez del sistema de control sanjuanino, que cuenta con cinco filtros de evaluación ambiental.

“Hemos logrado reducir los tiempos de evaluación de 180 a 30 días, pero sin sacrificar ni un ápice de rigor técnico”, aseguró. Para Perea, la reforma no elimina el principio precautorio, sino que lo hace operativo: todo glaciar se presume protegido hasta que un estudio científico provincial demuestre lo contrario.

Finalmente, el ministro concluyó que la reforma es el camino para dar seguridad jurídica y permitir que las comunidades decidan su destino productivo sin descuidar el recurso más preciado: el agua.

POR LIC. EUGENIA VILA