IPV cambia el rumbo: barrios más pequeños, controles estrictos y nuevas vías de acceso a la vivienda

La política habitacional en San Juan atraviesa un proceso de transformación que modifica tanto la forma de construir como los criterios de asignación de viviendas sociales. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) impulsa un nuevo enfoque que combina urbanizaciones de menor escala, controles más rigurosos y alternativas de acceso más amplias.

Uno de los cambios centrales está en el diseño de los barrios. El modelo de grandes complejos comienza a quedar atrás y da paso a desarrollos más chicos, con menor concentración de viviendas. La intención es mejorar la convivencia, fortalecer la organización comunitaria y evitar problemas vinculados a la infraestructura y los servicios.

La experiencia en distintos puntos del Gran San Juan evidenció limitaciones en los conglomerados masivos, que en muchos casos no lograron consolidarse como espacios integrados. Las dificultades en servicios básicos y la escasa dinámica comunitaria fueron algunos de los factores que impulsaron este viraje en la planificación urbana.

En paralelo, el IPV reforzó los controles sobre las viviendas ya adjudicadas. A partir de inspecciones y denuncias, se detectaron unidades desocupadas o con usos irregulares. En lo que va de 2025, más de 50 casas fueron recuperadas y reincorporadas al patrimonio estatal tras los procedimientos correspondientes.

Parte de esas viviendas ya fue reacondicionada y será incluida en un nuevo esquema de adjudicación. Se prevé que integren un sorteo durante la segunda mitad de 2026, junto con unidades actualmente en etapa final de construcción. En un contexto donde más de 100.000 personas esperan acceder a una vivienda, cada recuperación resulta significativa.

Otro eje de gestión es la regularización dominial. El organismo avanza en la escrituración de barrios históricos que aún no cuentan con títulos definitivos, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a familias que ya cumplieron con sus obligaciones.

Al mismo tiempo, se evalúan nuevas herramientas de financiamiento. Entre ellas, líneas de crédito que podrían cubrir hasta el 100% del costo de una vivienda estándar, pensadas para quienes ya disponen de un terreno y buscan construir fuera de los programas tradicionales.

El esquema también refuerza el sistema de sorteos como mecanismo de adjudicación, con la intención de garantizar mayor transparencia y ordenar la demanda. En este proceso, la participación ciudadana sigue siendo clave, ya que las denuncias permiten detectar irregularidades en el uso de las viviendas.

Con menos recursos nacionales y una demanda en aumento, el IPV avanza hacia un modelo que busca equilibrar el desarrollo urbano, optimizar el uso del stock habitacional y ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda.