Investigan una millonaria maniobra financiera en San Juan: denuncian pérdidas por $2.800 millones

Una presunta estafa financiera de gran magnitud comenzó a ser investigada en San Juan luego de que un grupo de ahorristas y empresarios denunciara la desaparición de fondos invertidos en distintas firmas radicadas en la Capital provincial. Según estimaciones preliminares de los damnificados, el perjuicio económico podría alcanzar los 2.800 millones de pesos.

Hasta el momento se registraron al menos doce presentaciones judiciales de personas que aseguran no poder recuperar el dinero depositado en diferentes operatorias financieras. Las denuncias apuntan contra Gustavo Omar Ahumada y los administradores Pamela Domínguez y Guillermo Soria, vinculados a las firmas Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A. En los expedientes también aparece mencionada la empresa EPYCHOST S.A.S.

La situación comenzó a generar alarma cuando numerosos clientes dejaron de recibir respuestas por parte de las compañías. De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, durante varias semanas intentaron comunicarse sin éxito y luego advirtieron que las cuentas donde seguían sus inversiones ya no reflejaban los montos originalmente depositados.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, bajo la intervención del fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli. Si bien hasta ahora no trascendieron medidas oficiales, los denunciantes solicitaron celeridad en el avance de la causa para preservar documentación y evitar posibles movimientos financieros que dificulten una eventual recuperación de los fondos.

Las firmas señaladas operaban en una oficina ubicada sobre calle Mendoza, en el centro sanjuanino. Actualmente el lugar permanece cerrado y en el ingreso solo se observa un cartel que informa que la atención continúa de manera remota.

Según relataron los inversores, las empresas ofrecían alternativas financieras presentadas como seguras y de alta rentabilidad, lo que generó confianza tanto en clientes particulares como en pequeñas y medianas empresas. Muchos habrían destinado allí indemnizaciones, ahorros familiares y capital de trabajo convencidos de que se trataba de operaciones legales y respaldadas.

Con el correr de los meses comenzaron las dudas sobre el destino real de los fondos. Algunos denunciantes sostienen que el dinero habría sido transferido a inversiones de riesgo o derivado a entidades fuera de la provincia sin autorización previa.

Mientras la causa avanza en la Justicia, crece la incertidumbre entre los afectados, quienes aseguran que todavía no recibieron explicaciones concretas ni información clara sobre el paradero del dinero invertido.

Op: Juan Llarena