Imputan a un empresario por presunta estafa a un paciente con un pagaré en blanco

La Justicia investiga si el acusado se aprovechó de la enfermedad de un cliente para reclamar una suma 32 veces mayor a la deuda original.

Un empresario sanjuanino fue imputado por una presunta estafa contra un paciente al que habría engañado para que firmara un pagaré en blanco, documento que luego habría utilizado para reclamar judicialmente una suma millonaria muy superior a la deuda real.

El acusado es Rubén Pisatti, titular de una firma de oxigenoterapia con sede en Trinidad, Capital, quien quedó bajo investigación en una causa por defraudación por abuso de firma en blanco. La pesquisa está a cargo del fiscal Nicolás Alvo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, y ya fue habilitada por el juez de garantías Roberto Montilla. Por el momento, el empresario continuará en libertad, aunque no se descarta un posible acuerdo de reparación integral.

La denuncia fue presentada por un hombre con problemas de salud que en 2024 contrató el alquiler de un equipo CPAP —utilizado para tratar la apnea del sueño— a la empresa del imputado. Según la investigación, el paciente logró que la Obra Social Provincia cubriera el costo mensual del servicio, fijado en $50.000.

Como garantía, el empresario le habría exigido la firma de un pagaré en blanco, sin especificaciones de monto ni condiciones. Durante varios meses, el sistema funcionó con normalidad hasta que el estado de salud del paciente se agravó, lo que le impidió gestionar la continuidad del trámite ante la obra social. Esto derivó en un atraso de cuatro meses en los pagos, acumulando una deuda de $200.000.

De acuerdo con la acusación, Pisatti habría completado posteriormente el pagaré con una cifra de 4.500 dólares —equivalente a unos $6.500.000— y avanzó con una demanda civil que derivó en el embargo y secuestro de bienes del denunciante.

Una pericia clave determinó que el documento presenta dos tipos de tinta, lo que indicaría que primero se firmó en blanco y luego se incorporaron los datos. Para la fiscalía, esto refuerza la hipótesis de que el empresario se aprovechó de la situación de vulnerabilidad del paciente para ejecutar un reclamo desproporcionado, muy por encima de la deuda original e incluso del valor de mercado del equipo alquilado.

En paralelo, la defensa del imputado analiza desistir de la acción civil que dio origen al embargo, en el marco de negociaciones para un eventual acuerdo que abarque tanto la causa civil como la penal. Mientras tanto, la investigación avanza para esclarecer las responsabilidades en el caso.

Op: Juan Llarena

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