Imperio narco tras las rejas: una megabanda operaba desde el Penal de Chimbas, movió más de $800 millones y va a juicio

Una compleja estructura criminal familiar quedó a un paso del debate oral. Se trata de una megabanda compuesta por 18 imputados que operaba de manera simultánea dentro y fuera del Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas, dedicándose a la comercialización de cocaína y a millonarias maniobras de lavado de activos. La investigación, instruida por la Fiscalía a cargo de Fernando Alcaraz entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, determinó que la red llegó a mover más de 800 millones de pesos a través de billeteras virtuales.

El expediente reúne múltiples aristas delictivas, destacándose tanto el narcomenudeo intramuros como la adquisición de bienes para dar apariencia legal al dinero ilícito. Todos los acusados deberán enfrentar el juicio en el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan.

La ruta de la droga: del penal a los búnkeres externos

La organización criminal operaba bajo una precisa división de roles coordinada por lazos de parentesco y pareja:

• La cúpula desde la cárcel: El liderazgo principal era ejercido por Rodolfo Daniel Carrizo (alias Rody o el Jetón), señalado como jefe del Pabellón 4, Sector 2 del Penal de Chimbas. Desde allí dirigía el negocio, controlaba las deudas de los internos y acopiaba la cocaína en el taller de carpintería. Como operadores internos figuraban Facundo Martín Torraga y Gabriel Antonio Villarroel, encargados de la venta al menudeo dentro de los pabellones y de cobrar mediante billeteras virtuales para derivar los fondos al exterior del penal.

• La coordinación externa: La pareja del Jetón, Ivana Gabriela Gómez, administraba los registros contables, recibía las transferencias de los presos y gestionaba las inversiones inmobiliarias. En paralelo, la otra línea directiva estaba comandada por Oscar Nahuel Carrizo (sobrino del Jetón) y su pareja, Carla Luciana Brizuela Robledo, quienes coordinaban el aprovisionamiento, fraccionamiento y distribución de los estupefacientes en los departamentos de Santa Lucía (Barrio Noroeste III) y Chimbas (barrios 7 Conjuntos II y Villa del Sur).

• Distribución y puntos de venta: La red contaba con múltiples eslabones operativos. Marisa Matilde Robledo (madre de Carla Brizuela) operaba un punto de venta en el Barrio 19 de Noviembre y manejaba cuentas virtuales de terceros. Como distribuidores en Villa del Sur actuaron Gustavo Iván Dávila Ochoa y Mauro Alejandro Dávila Ochoa —este último detectado como un fuerte canalizador de fondos hacia proveedores en Mendoza—. La custodia del búnker principal en el Barrio Noroeste III estuvo a cargo de Federico Fabián Carrasco Garín y Lucas Emiliano Pissano, mientras que la vigilancia de un puesto secundario recayó sobre Graciela Antonia Rocha y Maximiliano Gabriel Rodríguez Rocha. Completaban la red Mercedes del Valle Roldán, Ramiro Alexis Castro González y Celina Agostina Carrizo, dedicados al narcomenudeo y a la redistribución de fondos.

Lavado de activos: inmuebles y un 0 km

La investigación fiscal también destapó un esquema de blanqueo por un total de 113 millones de pesos destinados a otorgar legalidad a capitales provenientes del narcotráfico.

Para ello utilizaban testaferros, rol que cumplieron Ceferino Oscar Carrizo y María de los Ángeles Andrada (padres de Nahuel Carrizo), quienes prestaron sus nombres para la titularidad de bienes. Entre las operaciones detectadas figuran la compra de parcelas en el Loteo Fénix (Santa Lucía): lotes adquiridos por montos de 6 millones, 14 millones y un bloque de dos terrenos tasados en 30 millones de pesos, además de una cesión de derechos por 42 millones a favor de Carla Brizuela. A esto se sumó la adquisición de un automóvil Fiat Cronos 0 km a nombre de Ceferino Carrizo por 21 millones de pesos.

Pedido de penas

Ante la magnitud de las pruebas reunidas durante los 16 meses de investigación, el fiscal Fernando Alcaraz solicitó duras condenas que van desde los 3 hasta los 10 años de prisión efectiva para los 18 procesados, de acuerdo al grado de participación en la asociación ilícita, el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos.