Iglesia cuestiona el proyecto de proveedores mineros por falta de prioridad local

La presentación del proyecto de ley de proveedores mineros en el departamento Iglesia generó fuertes cuestionamientos entre referentes locales, quienes manifestaron “dudas y malestar” por la forma en que se define la denominada “zona de influencia”.

Durante un encuentro realizado en el Nodo Turístico de Pismanta, impulsado por el Ejecutivo para explicar los lineamientos de la iniciativa, empresarios y dirigentes expresaron su preocupación por un punto clave: el alcance territorial de las contrataciones laborales y de servicios.

Según lo expuesto, el proyecto no limita la prioridad al departamento donde se desarrolla el emprendimiento minero, sino que incluye a otros municipios dentro del área de influencia. Esto, sostienen desde el sector privado, podría habilitar a las empresas a contratar mano de obra o proveedores en otras zonas y aun así cumplir con la normativa.

El presidente de Aituric, Víctor Alberto Grau, consideró que la redacción actual “da lugar a confusión” y podría perjudicar a los proveedores locales. En la misma línea, el diputado Gustavo Deguer advirtió que no está claramente definida la prioridad para el departamento donde se emplaza el proyecto, lo que —según indicó— debería corregirse en el debate legislativo.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Minería de San Juan y el área de Producción, busca fomentar la contratación de trabajadores sanjuaninos y el desarrollo de proveedores locales. Sin embargo, aún no ingresó formalmente a la Cámara de Diputados y se espera que lo haga en el corto plazo.

Entre sus principales ejes, el proyecto establece que las empresas deberán presentar planes de empleo y de desarrollo de proveedores locales, con metas progresivas que apunten a alcanzar hasta un 80% de contratación de mano de obra y un 60% de compras a proveedores de la provincia.

A pesar de esos objetivos, en Iglesia insisten en que la redacción actual podría diluir el impacto directo en las comunidades donde se asientan los proyectos mineros. En ese marco, no descartan impulsar modificaciones antes de su tratamiento legislativo, en busca de garantizar mayores beneficios para el departamento.