Una mujer denunció haber sido secuestrada y nadie le creyó: años después, su agresor fue condenado

Durante dos días, Denise Huskins, una mujer estadounidense de 29 años, estuvo desaparecida. Su pareja, Aaron Quinn, denunció a la policía que un hombre había entrado a su casa por la fuerza durante la noche, los había drogado y a ella la había secuestrado. Sin embargo, nadie le creyó.

Los agentes lo interrogaron durante horas, lo trataron como sospechoso y cuando la mujer reapareció con vida, se reforzó una hipótesis inesperada: que todo había sido un montaje.

El caso, que ocurrió en marzo de 2015 en California, se convirtió en uno de los ejemplos más resonantes de errores en investigaciones policiales. La historia, que fue comparada públicamente con la película Perdida de David Fincher, terminó meses después con un giro: el secuestro había sido real y el responsable fue condenado a 40 años de prisión.

Un secuestro y una denuncia ignorada

Denise Huskins y Aaron Quinn eran dos jóvenes fisioterapeutas que vivían en California y llevaban menos de un año de relación cuando ocurrió el hecho. No tenían exposición pública ni antecedentes, pero en 2015 sus nombres empezaron a circular en todos los medios de Estados Unidos.

En la madrugada del 23 de marzo de ese año, un hombre ingresó a la casa de Quinn, en la localidad de Vallejo, mientras la pareja dormía. Según se reconstruyó después, el intruso los despertó cerca de las 3 de la mañana y les dio una serie de órdenes precisas.

El sospechoso obligó a Huskins a atar a Quinn con precintos y utilizó un método que llamó la atención de los investigadores: les colocó antiparras de natación cubiertas para impedirles ver y auriculares con mensajes grabados, con los que simulaba la presencia de varias personas. También los obligó a tomar un sedante bajo amenaza.

Antes de irse, se llevó a Denise y le indicó a Aaron que se trataba de un secuestro por rescate de 17.000 dólares. También le dijo que no debía contactar a la policía.

Horas después, cuando el joven logró recuperarse parcialmente, llamó al 911 por recomendación de su hermano, que trabajaba en el FBI. Para ese momento, ya habían pasado cerca de nueve horas desde el secuestro.

Dos días más tarde, el 25 de marzo, Huskins reapareció en Huntington Beach, a más de 600 kilómetros de donde residía. Estaba viva, pero el caso recién empezaba.

Desde el primer momento, la policía puso en duda la versión de Quinn, ya que cuestionaron la demora con la que realizó la denuncia y señalaron inconsistencias en su relato. Por este motivo, fue trasladado a una comisaría, donde permaneció cerca de 18 horas siendo interrogado, casi un día entero. Durante ese proceso, le realizaron una prueba de polígrafo y le indicaron que había fallado, aunque más tarde se supo que el resultado había sido inconcluso.

Lejos de considerar a la pareja como víctimas, los investigadores comenzaron a tratarlos como sospechosos y a delinear una hipótesis polémica. Esa postura se consolidó cuando Huskins apareció con vida.

En una conferencia de prensa, las autoridades aseguraron que el secuestro no había existido y que todo se trataba de un fraude. Además, los acusaron de haber desviado recursos policiales y generar alarma en la comunidad. En ese contexto, se instaló la comparación con la película Perdida, en donde la protagonista finge su desaparición para vengarse de su marido que le fue infiel.

Mientras tanto, Huskins comenzaba a contar lo ocurrido durante el cautivero y denunció que había sido abusada sexualmente en dos oportunidades. A su vez, sostuvo que su agresor había grabado los ataques y que la había amenazado con difundir el material si hablaba.

Denise contó también que el hombre le hizo creer que formaba parte de una organización criminal más grande. Al momento de su liberación, todavía estaba bajo los efectos de sedantes y manifestó que tenía miedo de represalias.

El giro en la investigación llegó meses después, a partir de un hecho que ocurrió en otra ciudad. El 5 de junio de 2015 en Dublin, California, un hombre intentó ingresar a una casa durante la madrugada. La pareja que vivía allí logró resistir y el agresor escapó, pero dejó evidencia clave: un celular y otros objetos similares a los utilizados en el secuestro de Denise Huskins.

La agente Misty Carausu, que investigaba el caso, analizó esos elementos y logró rastear el teléfono, lo que permitió identificar a un sospechoso: Matthew Muller. Al profundizar en el caso, detectó similitudes con el secuestro de Huskins y dio aviso a otras agencias. Poco después, el FBI encontró en la casa de Muller pruebas que lo vinculaban directamente, incluida la notebook de Quinn.

El juicio

El principal sospechoso, Matthew Muller, era un exinfante de la Marina de EE. UU. y abogado graduado en Harvard. Durante la investigación, se determinó que había actuado solo y que había utilizado grabaciones de audio para simular la presencia de otros cómplices, lo que explicaba parte del relato inicial de las víctimas.

En septiembre de 2016, Muller se declaró culpable del secuestro de Denise Huskins. En su declaración, admitió haber utilizado sedantes, dispositivos para impedir la visión y grabaciones para llevar adelante el plan.

Además del cargo federal, también enfrentó acusaciones estatales por violación, robo y allanamiento. En un primer momento fue considerado no apto para ser juzgado por cuestiones de salud mental, pero años después, en 2022, fue declarado competente y volvió a declararse culpable de esos delitos.

El proceso judicial permitió confirmar que el secuestro había sido real y que la versión sostenida inicialmente por la policía era incorrecta.

Finalmente, Matthew Muller fue condenado a 40 años de prisión por el secuestro de Huskins. Con el avance de las causas adicionales, su responsabilidad quedó completamente acreditada.

Luego de la resolución judicial, Huskins y Quinn iniciaron acciones legales contra la ciudad de Vallejo. Denunciaron difamación, detención ilegal y daños emocionales, al sostener que habían sido tratados como sospechosos sin pruebas y por haber sido expuestos públicamente.

 

En 2018, llegaron a un acuerdo con la ciudad por 2,5 millones de dólares. Las autoridades reconocieron errores en el manejo del caso y ofrecieron disculpas públicas.

Con el paso de los años, la pareja reconstruyó su vida: se casaron, formaron una familia y decidieron contar su historia en la serie documental American Nightmare, que repasa lo ocurrido y expone las fallas de la policía en la investigación.