Glaciares: San Juan reclama “precisión científica” para destrabar el desarrollo productivo

El Secretario Técnico de Minería, Pablo Fernández, advirtió en el Congreso que la falta de claridad técnica en la actual ley genera inseguridad jurídica y no garantiza una protección ambiental efectiva.

En el marco de las audiencias públicas en el Congreso de la Nación por la reforma de la Ley de Glaciares (N° 26.639), la provincia de San Juan marcó una postura firme: la normativa vigente requiere una actualización urgente que reemplace las interpretaciones ambiguas por criterios técnicos medibles y reproducibles.

El ingeniero Pablo Fernández, Secretario Técnico del Ministerio de Minería de San Juan, fue el encargado de exponer la visión de una de las provincias con mayor actividad cordillerana del país. Durante su intervención, Fernández subrayó que la protección del ambiente no debe ser una “expresión de deseos”, sino un proceso basado en datos duros.

El nudo de la cuestión: ¿Qué se protege?

El punto central del reclamo sanjuanino radica en la definición de las geoformas que deben ser alcanzadas por la ley. Según el funcionario, la legislación actual no distingue con claridad qué estructuras funcionan realmente como reservas hídricas estratégicas y cuáles no tienen un aporte significativo al caudal de los ríos.

“Es necesario que la ley refleje lo que ocurre en el terreno y en nuestra cordillera”, sostuvo Fernández, quien insistió en que esta falta de precisión técnica impide el desarrollo de actividades económicas responsables sin sumar beneficios reales al cuidado del agua.

Ciencia dinámica y seguridad jurídica

Para el gobierno sanjuanino, la clave está en integrar los avances en teledetección, glaciología y modelización climática al texto legal. Fernández destacó que el Inventario Nacional de Glaciares es una herramienta vital, pero advirtió que no puede ser un registro estático ante un escenario de cambio climático global.

La postura de San Juan busca un equilibrio que garantice la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones mineras, sin descuidar el recurso hídrico, motor vital de la agricultura y el consumo humano en los valles de la provincia.

Hacia un desarrollo responsable

Al cierre de su exposición, el funcionario puso en valor la experiencia técnica de San Juan en la gestión de sus recursos. La provincia aboga por una normativa que permita:

  • Claridad operativa: Definiciones técnicas que no den lugar a arbitrariedades.

  • Respaldo científico: Decisiones basadas en el comportamiento hidrológico real de las cuencas.

  • Progreso social: Armonía entre la preservación del ecosistema y el crecimiento económico provincial.

El debate continuará en las próximas semanas con la participación de organismos ambientales y cámaras empresariales, mientras San Juan reafirma su liderazgo en la discusión técnica de un recurso que define su pasado, presente y futuro.

POR LIC. EUGENIA VILA

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