El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, cuestionó con dureza la decisión judicial de La Rioja que impacta sobre el proyecto minero Vicuña y la calificó como una “provocación” con trasfondo político. Además, vinculó el conflicto con sectores del kirchnerismo sanjuanino, a los que acusó de obstaculizar el desarrollo de la actividad minera.
Fernández sostuvo que la medida adoptada en La Rioja carece de sustento suficiente y minimiza su impacto operativo. “Desde el punto de vista político creo que es una provocación lo que está haciendo el gobierno de La Rioja”, afirmó, al tiempo que señaló que el proyecto continúa funcionando y que el acceso se mantiene a través de territorio sanjuanino, aunque con mayores dificultades logísticas.
En esa línea, el funcionario fue más allá y apuntó contra dirigentes del peronismo local a los que atribuyó acciones contra el sector minero. “Hay sectores del peronismo local que vienen haciendo un trabajo de poner palos en la rueda para el avance de la actividad minera”, expresó, mencionando además al senador Sergio Uñac en ese contexto.
También cuestionó a la empresa a cargo del emprendimiento por demoras en obras de infraestructura clave y advirtió sobre la necesidad de acelerar inversiones en caminos alternativos dentro de San Juan. “Las empresas tienen que ponerse los pantalones largos”, señaló, y consideró que las demoras exponen al proyecto a situaciones que calificó como “cuasi extorsivas”.
En otro tramo de la entrevista, Fernández abordó distintos temas de la agenda provincial, entre ellos la ley de proveedores mineros, la crisis hídrica y la Ley de Glaciares. Sobre el primer punto, anticipó que el proyecto —que contempla objetivos de participación local— podría ingresar a la Legislatura entre fines de abril y principios de mayo.
Según explicó, la iniciativa establece metas como un 80% de contratación local y un 60% de proveedores, medidos sobre facturación, aunque aclaró que no se trata de cupos obligatorios sino de objetivos progresivos. “Cada empresa tiene que presentar un plan para alcanzar esos objetivos”, indicó, y adelantó que habrá un régimen de sanciones ante incumplimientos.
Respecto a la situación hídrica, advirtió que el caudal del río San Juan será menor al previsto y que el sistema enfrentará un escenario complejo. “El 100% de lo que trae el río se lo va a llevar el sector agrícola”, señaló, y alertó que no habrá acumulación de reservas este año.
Finalmente, sobre la aplicación de la Ley de Glaciares, afirmó que San Juan continúa con el relevamiento de formas nivales en coordinación con Nación y destacó la importancia de los estudios técnicos en zonas como Pachón para determinar su impacto en las cuencas.
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