Fallo clave a favor de Caucete: frenan la deuda con Decsa y revisarán el consumo eléctrico

La Justicia provincial hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Municipalidad de Caucete en el conflicto que mantiene con la empresa distribuidora Decsa y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). En una resolución de fuerte impacto institucional y económico, el Juzgado Civil de 9ª Nominación suspendió los efectos de las resoluciones del organismo regulador y ordenó avanzar en una auditoría del consumo eléctrico del municipio, con especial foco en el alumbrado público.

El fallo se dictó en el marco de la acción de nulidad promovida por la comuna contra las resoluciones N° 1045/24 y N° 0508/25 del EPRE, que habían consolidado una deuda superior a los $550 millones a favor de Decsa, correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2022 y enero de 2025. Desde el municipio sostienen que dichas disposiciones se basaron en consumos estimados y que el ente regulador omitió valorar prueba técnica relevante, vulnerando el debido proceso administrativo.

En su resolución interlocutoria, el juez Pablo Oritja consideró acreditados los requisitos necesarios para otorgar la medida cautelar, entre ellos la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. En ese sentido, advirtió que la ejecución inmediata de la deuda podría ocasionar un perjuicio grave e irreparable a las finanzas municipales, afectando la prestación de servicios públicos esenciales y el pago de salarios.

La medida judicial ordena mantener el status quo hasta que se dicte una sentencia definitiva. Esto implica que tanto el EPRE como Decsa deberán abstenerse de aplicar, facturar o ejecutar cargos basados en consumos estimados, intereses o multas derivados de las resoluciones impugnadas. En adelante, la facturación quedará limitada exclusivamente a los consumos efectivamente medidos y a aquellos ítems que no fueron cuestionados por la comuna.

Uno de los puntos centrales del fallo es la orden de realizar un relevamiento técnico conjunto del alumbrado público de Caucete. El magistrado dispuso que la determinación del consumo eléctrico quede diferida hasta que se concrete un inventario detallado de luminarias, potencias instaladas, horas de funcionamiento y una metodología de cálculo verificable. Hasta tanto se apruebe ese estudio, quedará sin efecto cualquier facturación basada en estimaciones.

La intendenta Romina Rosas celebró la decisión judicial y señaló que “nuestro reclamo siempre estuvo fundado en las estimaciones que realiza Decsa, es decir, sobre consumos no medidos”. En ese sentido, remarcó que la cautelar permitirá avanzar en un relevamiento en terreno que refleje el consumo real del alumbrado público y evite cobros que, según afirmó, no se corresponden con la realidad.

Desde el municipio recordaron que previamente habían presentado reclamos administrativos ante el EPRE solicitando una auditoría integral de medición y una revisión de lo facturado y recaudado a través del Cargo Único Municipal (CUM), planteos que —según indicaron— no fueron debidamente considerados por el organismo regulador.

Si bien el fallo no resuelve aún el fondo de la cuestión, representa un fuerte respaldo judicial a la postura del municipio en esta etapa del proceso. El juez subrayó que la cautelar busca evitar que el transcurso del tiempo torne ilusoria una eventual sentencia favorable y garantizar la eficacia del proceso judicial en curso.

Con esta decisión, el conflicto entre Caucete y Decsa ingresa en una nueva etapa, centrada en la revisión técnica del consumo eléctrico, con impacto directo en la discusión sobre la deuda reclamada y el esquema de facturación del servicio en el departamento.