Estafas con viviendas en Rawson: ya son 44 los denunciantes y la Justicia amplió la investigación contra dos cooperativistas

La investigación judicial por las presuntas estafas vinculadas a la adjudicación de viviendas del barrio UDA II, en Rawson, continúa sumando damnificados. En una nueva audiencia realizada este jueves, la Justicia incorporó cinco denunciantes al expediente, con lo que ya son 44 las personas que aseguran haber pagado por una vivienda que nunca recibieron.

Ante la necesidad de avanzar con nuevas medidas probatorias, el juez de Garantías Eugenio Barbera resolvió extender por seis meses el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), que tiene como principales imputados a Miguel Ceferino Aciar y Segundo Justo Salazar, vinculados a la cooperativa La Fraternidad.

Ambos están acusados del delito de desbaratamiento de derechos acordados, a raíz de las denuncias presentadas por familias que sostienen haber entregado dinero para acceder a una casa, pero que finalmente quedaron fuera de las adjudicaciones.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Atilio Yanardi y la ayudante fiscal Silvina Putelli, expuso la necesidad de contar con más tiempo para completar distintas diligencias. Entre las medidas pendientes se encuentran pericias informáticas sobre dispositivos secuestrados, informes y declaraciones testimoniales consideradas importantes para esclarecer las operaciones investigadas.

Por su parte, los imputados estuvieron representados por los abogados Francisco Quiroga, defensor de Aciar, y María Celina Pandiela, a cargo de la defensa de Salazar. En tanto, la querella contó con la intervención de Natacha González Lizzi y Pablo Ávila.

Vendieron 145 carpetas, pero solo se construyeron 86 viviendas

El origen del conflicto se remonta a 2006, cuando comenzaron a ofrecerse carpetas para acceder a las viviendas del barrio UDA II. En aquel momento, la cooperativa La Fraternidad había sido propietaria del terreno, que posteriormente fue vendido al gremio Unión Docentes Argentinos (UDA).

Luego, la organización sindical donó el predio al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con el compromiso de que allí se desarrollara un complejo habitacional.

Según consta en la investigación, se habrían comercializado unas 145 carpetas, pese a que finalmente solo se construyeron y entregaron 86 casas. La diferencia generó reclamos entre quienes habían realizado aportes económicos durante años con la expectativa de convertirse en propietarios.

Frente a esos cuestionamientos, los responsables de la operatoria habrían asegurado que estaba proyectada una segunda etapa con otras 60 viviendas. Sin embargo, esa ampliación nunca se concretó.

La situación terminó de agravarse el 4 de noviembre de 2022, cuando se entregaron oficialmente las viviendas del barrio. En esa oportunidad, más de 60 familias quedaron sin una casa, a pesar de haber efectuado pagos para acceder al proyecto habitacional.

De ese grupo, inicialmente 36 personas recurrieron a la Justicia para denunciar que no habían recibido las propiedades prometidas ni recuperado el dinero aportado. Con el avance de la investigación, se incorporaron nuevos casos hasta alcanzar los 44 denunciantes actuales.

La causa seguirá abierta durante otros seis meses

La investigación contra Aciar y Salazar fue formalizada el año pasado, cuando la Justicia estableció un plazo inicial de 12 meses para reunir pruebas y determinar las responsabilidades penales.

En aquella instancia también se impusieron medidas de coerción a los acusados, entre ellas la prohibición de mantener contacto con los denunciantes, la obligación de no obstaculizar la investigación y la imposibilidad de salir de la provincia o del país sin autorización judicial.

Además, se dispuso la inhibición general de bienes de ambos imputados. En ese momento, ni la Fiscalía ni la querella solicitaron prisión preventiva.

Con la reciente resolución judicial, los investigadores dispondrán de un nuevo período de seis meses para completar las pruebas y avanzar hacia una definición sobre la situación procesal de los acusados.

Aciar también está involucrado en otra investigación por viviendas

La situación judicial de Miguel Ceferino Aciar no se limita al expediente del barrio UDA II. El cooperativista también aparece vinculado a otra investigación por presuntas estafas relacionadas con proyectos habitacionales de los barrios Textiles II y Los Nogales VI.

Ese expediente reúne 176 denuncias, lo que refleja la magnitud de los reclamos judiciales relacionados con operaciones para acceder a viviendas.

Mientras tanto, la causa del barrio UDA II continúa abierta y bajo investigación. La incorporación de nuevos denunciantes y la ampliación del plazo judicial mantienen el foco sobre las operaciones realizadas por la cooperativa La Fraternidad y las responsabilidades que podrían surgir por las viviendas que fueron prometidas, pero nunca entregadas.